La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos estudia demandar la nulidad de la Ley de Tierras Urbanas ante el Tribunal Supremo de Justicia por inconstitucional, y llamó a la Asamblea Nacional a reconsiderar el instrumento, por cuanto los diputados, incluso, podrían ver restringido su derecho a la propiedad privada.
El presidente de Apiur, Raimundo Orta Poleo, señaló que con la ley, que fue aprobada luego de la medianoche del jueves, se está izando 'una bandera inclinada hacia el marxismo' porque irrespeta la propiedad privada.
Indicó que las cámaras relacionadas con el tema inmobiliario -como la de la construcción, bienes raíces y de inmuebles- no fueron consultadas. 'Esta ley es un madrugonazo. Nunca se nos consultó. Hoy es un viernes negro para el Estado de Derecho en Venezuela, porque se suman la aprobación de la ley de educación y la electoral. Estamos de duelo', dijo.
Añadió que las consecuencias directas de la ley serán mayor desinversión en la construcción de viviendas, entorpecimiento de las operaciones inmobiliarias y más invasiones.
La Apiur, a través de un comunicado, también expresó su oposición a otras iniciativas que, a su modo de ver, atentan contra la propiedad privada, como el decreto N° 40 de la Alcaldía del Municipio Libertador, de mayo pasado, 'que permite la expropiación de tierras urbanas subutilizadas y no utilizadas', y los proyectos de decreto de expropiación de edificios de vivienda en arrendamiento de más de 40 años de construidos, del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Nacional, Francisco Neri, indicó que la ley es 'un nuevo ataque contra la propiedad privada'. Dijo que la cámara ve con 'preocupación' que la ley legitimará el arrebato de la propiedad a las personas, para supuestamente hacer planes habitacionales.
'Es claro que este gobierno no quiere que los venezolanos seamos propietarios'.
Agregó que la ley no aclara si dará a las personas propiedad sobre los nuevos inmuebles que se construyan, con lo cual también se les está cercenando el derecho a la propiedad.
Indicó que existe un vacío legislativo que desestimula a promotores y constructores privados a buscar soluciones -en conjunto con el Estado- al déficit habitacional del país.
Considera que el Estado debe dedicarse a mejorar la infraestructura de los terrenos habitables en el país, otorgándoles servicios públicos.
Advirtió que la Cámara todavía está estudiando al detalle la ley y que en los próximos días darán a conocer su posición oficial.
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