La sistemática arremetida del Gobierno contra el sector privado de la economía enciende las alarmas de la educación privada ante las nuevas reglas de juego que se imponen en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El artículo 6 -Numeral 2, literal I- le confiere al Ejecutivo la exclusividad para determinar 'el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos'. Además de prohibir el uso de otras figuras jurídicas, como fundaciones o asociaciones civiles, para que los padres colaboren en el sostenimiento de los colegios e institutos.
Si bien el ministro de Educación, Héctor Navarro, aseveró este domingo en el programa Diálogo con, que 'es rotundamente falso' que esté previsto eliminar la educación privada, pues está garantizada en la Constitución. No obstante, las sospechas, entre los voceros del sector, afloran, más cuando en la LOE se legitimó una práctica que ejerce el Ejecutivo desde 2005, al decidir unilateralmente el monto de las matrículas.
Control puro Fausto Romeo, directivo nacional de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada (Andiep), sostiene que la medida es 'la demostración de restringir y acabar con la educación privada. Lo más grave no es la eliminación de las asociaciones y fundaciones, sino que se corta la ayuda que reciben algunos colegios de la empresa privada, nacional y extranjera, ya no podrán contar con ese apoyo', aseguró.
Con respecto a la exclusión del subsidio a la educación privada en la LOE, Romeo sostiene que este beneficio queda a la discrecionalidad del ministro de turno, y que en el fondo no se afectaría a los colegios católicos, sino a los niños que estudian allí.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, Octavio De Lamo, no dudó en señalar que el objetivo detrás del artículo es socavar la estabilidad de los institutos privados. 'Se ataca a la propiedad privada, y se pretende asfixiar, con montos por debajo de la realidad económica, a los colegios. Los aumentos autorizados no cubren los costos y la inflación'.
Un retroceso. Así evalúa el ex presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), hermano Antón Marquiegui, quien habló a título personal, la eliminación del subsidio en la LOE.
'Es un retroceso en la progresividad de los derechos, tal como lo consagra la Constitución, cuando dice que el Estado contribuirá a la educación'.
Pese a la acotación, Marquiegui destaca la ayuda del Ejecutivo a la educación popular católica, y el reconocimiento de la jubilacio´n a los docentes.
'No tengo por qué sospechar que el subsidio se va a acabar, si no está en la ley. En diez años se ha mejorado las condiciones de los docentes. No es un derecho de la Iglesia o de las escuelas, sino de los ciudadanos que buscan esa educación para sus hijos', jubilación.
Gustavo Méndez
EL UNIVERSAL
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