Julio Moreno y José Antonio Parra son docentes del liceo Miguel Antonio Caro de Catia.
El primero es contrario a la Ley Orgánica de Educación recientemente aprobada porque propone la formación de ciudadanos en la corriente marxista. Para Parra, en cambio, el texto legal contribuye a formar a los niños y adolescentes en los ideales de Simón Bolívar y por ello pide a quienes se oponen que la conozcan primero antes de criticarla.
Según dice Parra, la doctrina bolivariana no está claramente definida: 'Lo que se quiere es formar a un alumno más humanista, más social, ya que eso se está perdiendo en las instituciones'.
Su colega diverge en la percepción. Indica que la educación venezolana siempre ha estado basada en el pensamiento del Libertador. El sistema educativo nacional regido por la ley que estuvo vigente hasta su derogación el pasado sábado, estaba abierto a todas las doctrinas y corrientes de pensamiento.
Moreno, quien es el coordinador del área de Educación para el Trabajo del liceo, admite que el marxismo se debería dar a conocer a los alumnos en el bachillerato, pero no como una doctrina.
Todos los días, ambos profesores se enfrentan a la misma realidad: una escuela que no termina de ser reparada, lo que perjudica el desarrollo de las actividades académicas.
Desde hace un año, la infraestructura de la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro es refaccionada por FEDE. El período escolar 20082009 comenzó con retrasos, lo que les obligó a reprogramar las actividades e impartir 50% de los contenidos planificados. Los alumnos asistían sólo tres veces a la semana, situación que amenaza con repetirse, pues los trabajos, según señalan, no estarán listos antes del 16 de septiembre.
Pese a las divergencias, coinciden en reconocer que peligra el comienzo del próximo año escolar y el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases establecidos en la nueva LOE.
Sin embargo, cuando Moreno defiende su posición contraria a la ley, explica que así como se sancionará a los dueños de colegios privados que no posean la infraestructura idónea para impartir clases, con suspensiones de licencias hasta por 10 años, también debe ser sancionado el Gobierno por incumplir los lapsos fijados para reparar la infraestructura educativa.
Parra, por el contrario, dice que pese a los retrasos, recibieron la respuesta gubernamental gracias a la presión ejercida por la comunidad educativa. Por ello, apoya la potestad supervisoria de los consejos comunales.
Injerencia externa. La ley que rige la educación en el país otorga a los consejos comunales la facultad de intervenir en la supervisión del funcionamiento de las escuelas.
En el artículo 19, se establece que 'El Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema de educación básica, ejerce la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y estimula la participación comunitaria, incorporando tanto a los colectivos internos de la escuela como a diversos actores comunitarios participantes activos de la gestión escolar en las instituciones, centros y planteles educativos en lo atinente a la formación, ejecución y control de la gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la presente ley'.
Al respecto, Moreno explica que siempre ha deseado ver a los padres y representantes en los centros educativos, que vean de cerca el trabajo de los maestros. Recuerda que, la mayoría de las veces, las asambleas de padres están vacías, pues no atienden las convocatorias. Sin embargo, enfatiza en que las facultades supervisoras de los planteles deben recaer en personal preparado para la tarea y en el padre y la madre que, preocupados por el rendimiento académico de sus hijos, se acercan al plantel a conocer su desempeño. 'No toda la gente que está en los consejos comunales está preparada para supervisar. Los únicos con derecho a conversar sobre el rendimiento de los alumnos son sus representantes', agrega.
Parra, profesor de Matemática y Física, interpreta los dictámenes legislativos de manera diferente. Para él, los consejos comunales asumirán la misma labor de una sociedad de padres y representantes. Aclaró que no cualquier agrupación vecinal podrá acercarse a la escuela a ejecutar labores de contraloría. Según él, la ley establece que sólo podrán participar aquellos que tengan al menos un representado dentro de los planteles.
Parra desmintió, además, varios de los argumentos que han expuesto los sectores que se oponen al texto legal. En cuanto al carácter laico de la educación, dijo que cada persona puede profesar la religión que desee, pero eso no debe estar enmarcado en los objetivos que se imparten en la educación básica. Indicó que habrá mayor democracia en las instituciones universitarias, gracias al carácter paritario del voto y al poder para revocar a las autoridades.
Moreno señaló como positiva la garantía de jubilación a los 25 años de servicio con 100% del sueldo, pero criticó la desaparición del sistema de concursos como método de ascensos en la carrera docente: 'La lista Maisanta está funcionando a plenitud. Cuando alguien busca un trabajo en el Ministerio de Educación, no lo consigue si firmó', subrayó.
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