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La Ley Orgánica de Educación introdujo una denominación para los estudios de cuarto nivel. Lo que se conocía como Educación Superior, estará normada por una ley especial del nuevo subsistema de educación universitaria.
El artículo 13 del texto legal indica que quien egrese de alguna de las modalidades del sistema educativo, 'debe contribuir con el desarrollo integral de la Nación, mediante la práctica de actividades comunitarias'.
En el artículo 32 define el ámbito y los alcances de este subsistema, e indica que a través de una ley especial se normará la categorización de sus componentes, su operatividad y su conformación.
El apartado número 33 establece los principios rectores de la educación universitaria.
Uno de los ítem más discutidos es el artículo 34, que se refiere al principio de autonomía universitaria, en el que se establece que en aquellas instituciones en las que sea aplicable 'se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico práctica y la investigación'.
Leonardo Carvajal, miembro de la organización Asamblea de Educación, advirtió que este artículo es uno de los más peligrosos, pues se convierte en un arma de doble filo. Dijo que la redacción puede interpretarse como que algunas instituciones no van a tener libertad intelectual. 'Es un artículo bárbaro, porque atenta contra la libertad para investigar y la libertad de cátedra. En Venezuela sólo hay seis o siete universidades que tienen autonomía', recordó.
El profesor criticó el artículo 35, numeral 8, que reserva para las autoridades gubernamentales en materia de educación la oferta de carreras. Carvajal calificó ese artículo como monopolista y estatista, y afirmó que viola el derecho a la libertad de escogencia de las materias de estudio garantizado en la Constitución nacional.
Aura Moreno, docente de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, considera que la nueva legislación es un avance. 'Esta ley tiene fundamento en la participación del poder popular, no hay violación de la autonomía cuando hay participación en los procesos de contraloría'.
La docente y especialista en Educación aseguró que buena parte de los cambios introducidos en la ley nacieron en una 'constituyente educativa'. Para ella, el objetivo de esta normativa es romper con los procesos burocráticos de los ministerios de Educación y Educación Superior, a través de los procesos de contraloría social que efectúan los estudiantes. REGRESAR |
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