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El texto legal que regula la educación venezolana reserva al Estado la potestad de fijar los montos por concepto de matrícula, aranceles, servicios administrativos y mensualidades. El artículo 6, sección 2, literal I, prohíbe la creación de fundaciones o sociedades como mecanismo 'para ejercer coerción en la cancelación de los montos superiores a los establecidos por el órgano rector'.
Las disposiciones transitorias fijan sanciones a los directivos de institutos privados que no acaten la normativa, con inhabilitaciones hasta por 10 años.
La ley que rigió hasta el q5 de agosto pasado, promulgada en 1980, expresaba la obligatoriedad del Estado de contribuir al sostenimiento de los planteles privados inscritos en el Ministerio de Educación. La nueva legislación expresa que los subsidios serán otorgados luego de las consideraciones del órgano rector.
La Ley Orgánica de Educación actual, al igual que la de 1980, establece la laicidad del sistema educativo.
La normativa en materia de educación impartida por institutos privados ha sido criticada por los representantes del sector, que la ven como una amenaza para su existencia y para la atención de los estudiantes que buscan en esos planteles mayor calidad en la enseñanza.
Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, considera que el nuevo orden jurídico tiene carácter punitivo, que se evidencia en el control que aplica a la educación impartida por planteles administrados por particulares.
'Esta ley le da una gran arma al Ministerio de Educación para cerrar e intervenir colegios. Varios artículos están en la ley de 1980, pero son usados en otro contexto y sin las garantías que existían en la ley anterior', explicó.
El abogado y profesor universitario señaló que la mayor parte de las normas son discrecionales, pues se reservan a decisiones del ministro de Educación o a otros entes dependientes de ese despacho.
El presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, Fausto Romeo, dijo que el Gobierno ha ejercido un control férreo sobre los colegios a través de la regulación del cobro de matrículas. Precisó que el sector atiende a simpatizantes del Gobierno y de la oposición, que buscan en los colegios privados la calidad que no tienen los planteles públicos. REGRESAR |
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