Un análisis con sentido crítico sobre los medios de comunicación social es lo que exige la nueva ley, a diferencia de la norma que se derogó. En el artículo 9 indica que se incorporarán unidades de formación en las escuelas para contribuir con el 'conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos'.
Andrés Cañizales, miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que el análisis crítico de los mensajes de los medios no es algo negativo en sí mismo: 'Debe haber una mirada crítica desde la sociedad y la escuela hacia los medios. Pero el estudio debe realizarse sobre la base de iniciativas sociales y no promovidas desde un gobierno en funciones de Estado porque puede convertirse en una forma intervencionista'.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, María De Queipo, señaló por su parte que el Estado no impondrá los criterios para el análisis crítico de los mensajes de los medios de comunicación social en la escuela, sino que se realizará un estudio inmerso en la condición del proceso de aprendizaje de la escuela. 'En la visión amplia y la realidad que se vive en el país se debe formar a ciudadanos críticos y reflexivos', añadió.
Sin embargo, a juicio de Cañizales, el Gobierno no tiene un criterio objetivo en relación con los medios y trata de orientar la crítica pública hacia los medios privados: 'En 10 años, el Gobierno ha hecho muy poco por promover valores educativos desde los espacios mediáticos que administra, y más bien los ha colocado en función de una causa política'.
Programación. De acuerdo con el artículo 9 de la normativa, los medios públicos y privados deberán 'conceder espacios que materialicen los fines de la educación' y orientar su programación según los principios y valores educativos y culturales de la Constitución y de la nueva ley. Además, tendrán que incorporar subtítulos y traducción al lenguaje de señas.
En relación con esta obligación, Cañizales considera que no es negativa, pero que habrá que estudiar la carga ideológica de los contenidos generados por el Estado.
'No es nuevo que los medios tengan la responsabilidad de educar y que el Estado garantice que eso se cumpla', explicó De Queipo, quien aseguró que para la concesión de espacios con fines educativos se gestará un encuentro con los sectores involucrados. 'Será de manera corresponsable. El sistema escolar está sobrepasado por el sistema social, y los niños están expuestos a los medios por muchas horas del día'.
Sanciones. Un reglamento regulará la propaganda 'en defensa de la salud mental y física de la población'. Según la primera disposición transitoria, numeral 12, quedará prohibida 'la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, niñas y adolescentes, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población'.
De ocurrir la infracción, el Estado solicitará la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones 'sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano'.
Esas sanciones están incluidas en la antigua Ley de Educación; sin embargo, Juan José Molina, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Podemos, explicó que en 1980, cuando se creó la ley derogada, había un modelo de desarrollo social y económico concebido con alto contenido democrático y la intención era otra.
Según explicó, la concepción actual es diferente porque está enmarcada en el Plan Económico y Social Simón Bolívar, primer plan socialista.
'Las regulaciones a los medios tendrán ahora intenciones de imponer un modelo único de pensamiento', esgrimió.
'Los medios son órganos de divulgación de las corrientes de pensamiento, pero para imponer al pueblo un modelo único, el Estado debe controlarlos y estos podrían autocensurarse en las programaciones para evitar sanciones', añadió Molina. REGRESAR |