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A las 7 de la mañana de ayer un policía metropolitano le pateaba la barriga a una quinceañera embarazada. A pocos metros, cuatro funcionarios golpeaban a otro menor de edad. Esta fue la respuesta que recibieron de las autoridades por trancar la autopista a la altura de Antímano para exigir soluciones habitacionales.

Otros 30 damnificados residentes del refugio en el galpón de pastas Ronco, ubicado en Antímano, los acompañaron. Ellos forman parte de las 60 familias provenientes de Coche, El Valle y Caricuao, hacinadas allí luego de perder sus casas con las intensas lluvias del pasado noviembre.

Los efectivos de seguridad reprimieron la protesta y apresaron a un hombre luego de golpearlo. Otras mujeres, niños y ancianos resultaron heridos.

'Los policías nos pegaron tanto que casi aborto. Nosotros estábamos tranquilos y ellos llegaron aquí como animales', dijo la adolescente agredida antes de ser trasladada al Centro de Diagnóstico Integral de Antímano, donde le practicaron el eco que determinó que el feto de seis meses no había sufrido daños.

Elimar Andrade, otra de las manifestantes, mostró las ronchas de los cuerpos de sus hijos de 1 y 3 años, causadas por enfermedades infecciosas que los refugiados se contagian entre sí: 'En ese refugio vivimos muy mal, estamos de a 6 damnificados en cuartos chiquiticos. No hay agua, pero sí inundaciones que traen zancudos y la cocina tiene fugas de gas'.

Carmen María Palma contó que la jefa de Gobierno, Jacqueline Faría y el mismo ministro de la Secretaría de la Presidencia, Luis Reyes Reyes, visitaron el refugio y les prometieron viviendas, pero 'después se olvidaron de nuestra existencia. Ahora los policías se nos voltearon. Presidente Chávez: nosotros somos el pueblo', afirmó llorando.

El paso por la autopista en sentido Este se restableció a las 7 y media de la mañana, cuando ya la congestión vehicular llegaba a Caricuao.

El director de orden público del cuerpo policial, Manuel Antonio Romero, lamentó que haya habido 'contacto físico' al dispersar la violencia y que a pesar de que 'tratamos de respetar los derechos humanos, los manifestantes son responsables de exponer al peligro a sus hijos en una vía expresa'.

El funcionario aseguró que, de existir pruebas de la agresión, los afectados debían introducir la denuncia en el Ministerio Público: 'Yo mismo me haré responsable'.

Más avanzada la mañana, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) protestaron en Chacao para exigir el cumplimiento de las homologaciones de 2008.

La institución adeuda a sus ex empleados 10% de la totalidad de los pagos, según la denuncia de los manifestantes.



Maye Albornoz
EL UNIVERSAL

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Fecha publicada: 28/08/2009
Fuente: El Universal
Tema: gobierno

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