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Marino Alvarado, coordinador de Provea, aseguró que en el país existe una 'política de Estado para criminalizar la protesta'.
Destacó que son los cuerpos policiales, ministerios, la Asamblea Nacional y hasta la Defensoría del Pueblo en su omisión quienes mantienen el discurso que criminaliza la protesta.
Considera que la Defensoría del Pueblo ante esta situación debería pedir la nulidad de las leyes que se han promulgado en la Asamblea que restringen el derecho a la huelga y la protesta.
'¿Cómo es eso que ahora la Ley de Tránsito Terrestre indica que las personas tienen que solicitar un permiso para poder protestar? ¿Cómo es que yo tengo que pedirle permiso al Estado para ejercer un derecho? La Ley de Tránsito Terrestre tiene una norma que exige que yo pida permiso para protestar, un derecho que está establecido en la Constitución y ahí debería actuar la Defensoría del Pueblo'.
Ratificó que a los pobres es a quienes se les quiere quitar su derecho a la protesta y quienes disientan del presidente tienen garantizado por la Constitución su derecho a la protesta. REGRESAR |
| Fecha publicada: 02/09/2009 Fuente: El Universal Tema: politica
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