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La democracia se fundamenta sobre el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Esto es: el establecimiento de mecanismos que garantizan la protección de los derechos individuales fundamentales y del sistema de libertades que permite que los ciudadanos puedan actuar en el ámbito de lo público sin temor a ser reprimidos por el aparato del Estado. En nuestro caso éste sistema de garantías se encuentra claramente establecido en la Constitución de la República; la misma tiene un carácter progresivo y liberal en lo que respecta a la protección de los Derechos Humanos fundamentales.
Ahora bien, la existencia de un cuerpo de leyes protectoras no significa que las mismas se acaten de manera correcta por las fuerzas públicas o por los funcionarios electos.
En la situación dilemática y contradictoria que se produce entre el funcionamiento del Estado y el de la Sociedad, se supone que dentro del arreglo colectivo se incorpora a una serie de funcionarios públicos cuya responsabilidad es la de proteger a la ciudadanía en contra de la posibilidad de ser atropellados por el Estado, de verse sometidos a la discrecionalidad de quienes ejercen el poder mientras, al mismo tiempo, se constituyen en quienes salvaguardan el derecho a la defensa, el debido proceso y, en general, el régimen de garantías ciudadanas al cual todos, sin discriminación, tenemos derecho.
Cuando el mecanismo de protección falla, la democracia se pone en cuestionamiento. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo existen no para defender al Estado, sino para la defensa de la ciudadanía. Se supone que los funcionarios que allí actúan lo hacen de manera independiente, bajo la salvaguarda del Principio de la división de los Poderes Públicos; que lo hacen sin dar cuenta de sus actuaciones al Poder Ejecutivo, en defensa de los principios constitucionales.
De allí que entendamos que nos encontramos ante una profunda y peligrosa distorsión en lo que respecta al funcionamiento de la democracia venezolana. ¿Podemos continuar diciendo que Venezuela tiene un Régimen Democrático Constitucional? Esa es la pregunta que los venezolanos enfrentamos en este momento.
Una evaluación desapasionada del asunto nos lleva a decir que como mínimo nos enfrentamos a restricciones importantes en el ejercicio de la libertad de expresión, que el Ejecutivo ha colonizado el funcionamiento de los poderes públicos, que la fuerza pública ha adquirido un carácter represor. Que cada quien saque sus propias conclusiones.
Una nota sobre Unasur La idea de penalizar el acuerdo de colaboración entre Colombia y los Estados Unidos que fue presentada por el gobierno venezolano no tuvo buena acogida por los gobiernos de la región. El presidente Chávez presentó un discurso poco meditado y muy inconsistente que da cuenta del proceso de ideologización y desprofesionalización por el cual ha transitado nuestra Cancillería. Chávez intentó convertir el foro internacional en un tribunal de alzada en contra del gobierno colombiano, sólo para encontrarse con la negativa de los mandatarios de la región. Un nuevo revés para una política exterior errática, poco meditada y que poco aporta a la paz y a la integración subregional. REGRESAR |
| Fecha publicada: 02/09/2009
Fuente: TalCual
Tema: politica
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