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La adquisición de terrenos urbanos por parte del Estado impactará en el presupuesto.
La Dirección de Investigación y Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, en un informe sobre el costo de la Ley de Tierras Urbanas, destaca que el gasto que tendría que asumir el Gobierno por la compra de tierras asciende a 527,26 millones de bolívares fuertes.
Ante la cantidad, sugiere pagar con bonos. Para la dependencia "ese monto puede ser cancelado con emisiones y el Ministerio de Economía y Finanzas puede realizar las colocaciones de manera directa u ofrecerlos a la banca con cargo a la cartera hipotecaria obligatoria".
La oficina que asesora al Parlamento realiza la estimación del costo para el fisco, tomando en cuenta que en la fase inicial se adquirirían 1,58 millones de metros cuadrados de terrenos urbanos, siendo el precio promedio del metro cuadrado 333 bolívares fuertes.
Los gastos no incluyen, según la Dirección de Investigación, los recursos para financiar los costos de los terrenos para vialidad y desarrollo urbano y obras de infraestructura.
Contenido De acuerdo a lo previsto en el instrumento, el Ejecutivo puede declarar de utilidad pública los terrenos urbanos sin uso y se consideran tierras aptas aquellas que están abandonadas por sus propietarios, las que estén sin edificar y cualquier otra que decida el Estado.
Las medidas no sólo se limitan a los terrenos sino también a las edificaciones.
En el texto se indica que aquellas edificaciones que estén en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas que superen los 60 años deberán ser enajenadas por sus propietarios y se establece un derecho de preferencia a favor de la República.
En la exposición de motivos, el Gobierno indica que "existen grandes extensiones de terrenos cuyo uso en nada se corresponde con la función social que debe dársele a la propiedad, debido a la existencia de grandes monopolios que controlan la compra venta de tales terrenos sobre los cuales se mantienen construcciones en ruinas".
Agrega que "el comportamiento de esos particulares está motivado por la intención de codicia y usura, pues al no resolver sobre en tales inmuebles un desarrollo urbano, engordan los precios de los mismos. Esos monopolios obtienen grandes beneficios por el encarecimiento de los precios a pagar por metro cuadrado para la construcción".
Luego apunta que la decisión de regular los terrenos urbanos sin uso es justamente para que "cumplan con la función social", la intención es que se garantice la realización de soluciones habitacionales. REGRESAR |
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