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Julio César Rivas se podría convertir en otro prisionero por las protestas contra la Ley Orgánica de Educación, efectuadas el pasado 22 de agosto. Hasta el cierre de esta edición, todavía se desconocía la decisión que dictaría el Tribunal 37 de Control en relación al caso del dirigente estudiantil de la Universidad Alejandro Humboldt en Carabobo, quien fue capturado la noche del lunes en su vivienda por efectivos policiales y, posteriormente, trasladado a la Brigada de Acciones Especiales, en San Agustín, en Caracas.
Al estudiante carabobeño se le acusa de cinco delitos: resistencia a la autoridad, uso de arma genérica, instigación a la guerra civil, instigación a delinquir y daños y asociación para delinquir. De acuerdo con el director de la organización no gubernamental Una Ventana por la Libertad, Carlos Alberto Romero, el concepto de 'arma genérica' no está planteado en la ley. Además, indica que pintar unos grafitis durante una marcha está lejos de provocar una 'guerra civil en la sociedad'.
El estado anímico y físico de Julio César es positivo considerando las condiciones, según una de sus abogadas, Tamara Sujú, quien pudo hablar con el estudiante el martes antes de la audiencia. 'El traslado fue acorde a derecho, no lo han golpeado como se rumoraba. Lo único es que tenía 12 horas detenido, sin darle acceso a la llamada que a todos les corresponde por derecho' apuntó.
Ayer se realizó la audiencia que se había pospuesto. La jueza Leidys Azuaje, lleva el caso en el tribunal Trigésimo Séptimo de Control de Caracas junto con la causa del dirigente Richard Blanco.
Nieto Palma explica que Rivas ya tenía una medida cautelar, lo cual representa un agravante. El acusado y también director de la organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) había sido detenido previamente el 18 de agosto junto a otros 10 estudiantes por 'grafitear' las paredes de la Policía Municipal de Valencia. Debido a esto se le dictó una medida cautelar de régimen de presentación cada 60 días.
El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Sánchez, se pronunció en la mañana de ayer, denunciando las medidas dictadas contra Julio Rivas. Para Sánchez el proceso es una medida del Estado para 'amedrentar al movimiento estudiantil venezolano'. Sin embargo, señaló que estas no frenarán la lucha de los estudiantes.
Por otra parte, declaró que a Rivas lo han tomado como un chivo expiatorio, puesto que fue acusado por delitos que 'no están contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal' y que, además, le negaron sus derechos 'al no permitirle hablar con su abogado, comunicarse con sus familias, y someterlo a un ruleteo judicial por la ciudad de Caracas.'
Samantha Aretuo
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