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La actuación del Ministerio Público (MP) y los tribunales venezolanos parece distinguir entre quienes apoyan al Gobierno nacional y quienes no lo hacen. Al menos así se desprende del destino de las últimas causas que han tenido una connotación política.
El caso del estudiante de la Universidad Alejandro de Humbodlt, Julio César Rivas, ha vuelto a traer al debate el 'doble rasero' que aplicaría la justicia venezolana ante los casos de controversia política en el país.
Rivas fue detenido el pasado 8 de septiembre por su participación en la manifestación del 22 de agosto contra la Ley Orgánica de Educación (LOE). El tribunal 37 de control decidió recluirlo en la cárcel de El Rodeo. El enjuiciamiento en prisión ha sido denunciado por abogados independientes como uno de los signos más claros de la 'persecución' política.
Este mismo tribunal dictó la orden de aprehensión contra el prefecto de Caracas Richard Blanco el 26 de agosto, cuatro días luego de la manifestación. Al igual que el estudiante, Blanco deberá afrontar la investigación en su contra en la cárcel de Yare. El mismo juzgado también emitió una boleta de captura contra el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, quien permanece en la clandestinidad.
El abogado de ambos dirigentes, Negar Granados, ha denunciado irregularidades en el proceso que se les sigue. Igualmente, aseguró que Pérez se entregaría a la justicia cuando 'las condiciones estén dadas', lo que se traduciría en el nombramiento de un nuevo juez en el tribunal 37 de control. Dicho juzgado está provisionalmente a cargo de Leidys Azuaje hasta que se reinicie la actividad judicial el próximo miércoles.
Otro caso en el que la Fiscalía ha mostrado gran diligencia fue en de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. Los empleados fueron detenidos y acusados de 'alterar el orden público' luego de que fueran reprimidos por las autoridades durante una marcha hacia el Tribunal Supremo de Justicia.
SERRUCHO TRANCADO
Sin embargo, el accionar del MP no ha tenido la misma celeridad en otros casos políticos que involucran a personas que respaldan al Gobierno. El 13 de agosto, mientras realizaban una protesta contra la LOE, 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron agredidos por militantes del Gobierno.
Dos días después de los sucesos fue detenido Gabriel Uzcategui como supuesto agresor del periodista Marco Ruiz y se libraron dos boletas más de aprehensión. Sin embargo, una semana después de su detención Uzcátegui fue puesto en libertad y aún se desconoce la identidad de las otras dos personas solicitadas.
Otro caso en el que los tribunales tampoco castigaron a los culpables fue en la detención de diez integrantes del Colectivo La Piedrita el pasado 20 de enero. Los seguidores del Gobierno fueron apresados por Polichacao trasladándose en cinco motos y portando tres armas de fuego. Los militantes del Gobierno se encontraban siguiendo una marcha estudiantil contra la propuesta de enmienda constitucional impulsada por el presidente Chávez.
A pesar de que una de las armas estaba solicitada por hurto, el tribunal 49 de control decidió liberarlos al día siguiente de su detención. La Fiscalía nunca imputó ningún delito contra los detenidos por este caso.
Igualmente, entre los casos vinculados con integrantes del Gobierno se encuentran las agresiones que ha sufrido la Universidad Central de Venezuela (UCV). El pasado 19 de mayo un grupo de motorizados disparó con armas de fuego dentro de la casa de estudios. En el incidente fueron incineradas tres unidades de transporte dentro de universidad sin que hasta la fecha existan señalados por estos hechos.
La detonación de un artefacto explosivo en la sede de Fedecamaras en febrero de 2008 también fue un hecho inicialmente investigado por las autoridades. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, expresó que se tenía identificado a dos de los presuntos autores del atentado. Sin embargo, hace dos semanas el MP anunció que había archivado la investigación, acción que fue rechazada por la central patronal.
Otro caso que muestra el contraste de la justicia es el arresto de Lina Ron por los ataques contra Globovisión ocurrido el 3 de agosto. Al día siguiente la dirigente se entregó ante las autoridades y el MP informó que ésta se encontraba detenida en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). A diferencia del caso de Rivas y Blanco la dirigente política no ha sido trasladada a un centro de reclusión. REGRESAR |
| Fecha publicada: 14/09/2009
Fuente: TalCual
Tema: leyes
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