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¿ Cómo se invirtió el pago de impuestos en su alcaldía? ¿De cuánto es el presupuesto para la reparación de las calles en su comunidad? ¿Cuánto es el sueldo de un gobernador o un ministro? En cada uno de estos casos, los datos que despejan estas interrogantes son información pública y cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de conocerlos.
Lo dice el artículo 28, el 51, el 57 y el 143 de la Carta Magna.
Palabra de Constitución, te alabamos, señor.
Pero en la práctica, las dificultades para obtener registros, datos, estadísticas e incluso documentos de rendición obligatoria, como las Memoria y cuenta anuales que deben presentar los organismos públicos se hacen cada vez más infranqueables de obtener.
En el marco de la celebración del día del libre acceso a la información pública, el 28 de septiembre, las iniciativas de legislación a nivel local se van multiplicando mientras el proyecto de Ley de Acceso a la Información, que introdujo la organización Coalición Proacceso hace casi un año en la Asamblea Nacional, quedó estancado en el papel.
¿Y eso como para qué? El marco legal para garantizar el acceso a la información pública, oportuna y transparente existe en países como México, Chile, Uruguay y Puerto Rico.
En Venezuela, se introdujo una propuesta de ley el 16 de octubre de 2008 ante la AN.
El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, desestimó la solicitud y afirmó 'Venezuela no requiere de la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública debido a que tanto la Constitución como la Ley de Contraloría y la de los Consejos Comunales garantizan este derecho a los venezolanos'.
Villalba esgrimió que 'es totalmente falso que en Venezuela haya restricción a la información pública. En todos los organismos del Estado hay acceso a la información, cada despacho gubernamental tiene página web y además el Presidente de la República, cada domingo, a través de su programa Aló Presidente, le informa al país lo que pasa en el Gobierno'.
Pero a pesar de lo asegurado por el parlamentario, la búsqueda de información y registros oficiales no está tan disponible como la Constitución y las referidas leyes lo ordenan.
'Tiene que autorizarlo el director/ministro/alcalde/gobernador/jefe', 'No podemos dar esa información', '¿Para qué necesita eso?', 'No tenemos cifras de este año', '¿Eso no está en la página web?', se repite constantemente en las instancias gubernamentales cuando se hace una solicitud.
Los informes de gestión, las declaraciones de bienes e ingresos de funcionarios, estadísticas actualizadas o presupuestos de obras son datos que se guardan bajo trabas burocráticas, que no se encuentran en los archivos de las páginas web de los entes públicos.
La información se guarda con recelo incluso ante contingencias sanitarias, como el caso de la gripe AH1N1. Las autoridades del ministerio de Salud estuvieron desde el 19 de julio hasta el 10 de agosto sin dar información oficial sobre las cifras y estadísticas de las muertes e infectados que se registraban.
A nivel local. Máximo Sánchez, presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas adelanta la iniciativa de una ordenanza que garantice el acceso a la información pública de manera oportuna y transparente.
'El objetivo es que un ciudadano común, de a pie, pueda acceder vía internet a los documentos que le interesan de la gestión de su gobernante', explica Sánchez.
Este documento se suma a la aprobación, el próximo 6 de octubre, de la Ley promovida por el Consejo Legislativo de Miranda para hacer más transparente la gestión pública.
'El que no la debe no la teme. La idea es que la ciudadanía pueda ver en tiempo real, cualquier fase de la realización de un proyecto, cuál es el presupuesto, las empresas en licitación, tiempos de ejecución, etc', expresa el diputado del Consejo Legislativo mirandino, Richard Guevara.
Explica que esto obliga al funcionario público a hacer un cambio real de paradigma en el trato con la gente. 'Pasamos del rumor a la información cierta. Tendrá disponible un portal con datos como el curriculum de un director o las empresas que licitaron en una obra, que en muchos casos se guarda como una caja negra.
Por eso la gente le ha ido perdiendo credibilidad a la gestión pública', señala Guevara.
Ambos documentos se discuten con los consejos comunales y en asambleas de ciudadanos del área metropolitana y las populosas subregiones del estado Miranda.
El concejal metropolitano Sánchez asegura que la gente puede conocer la herramienta legal, apropiarse de ella y saber cuáles son los mecanismos para ponerla en práctica.
'Cómo se puede hacer contraloría social si no le das información a la gente, es una gran mentira. Si cuando van a pedir presupuesto de alguna obra o información que le interesa a sus comunidades, primero tiene que pasar mil trabas, no le dan respuesta o simplemente tiene que pagar de su bolsillo las copias o lo que necesite'.
Mercedes De Freitas, representante de la Coalición Proacceso, explica que siguen trabajando en asesoramiento y acompañamiento de las iniciativas de gobiernos municipales y regionales.
'Contamos con tres municipios que ya aprobaron la Ley.
Campo Elías en el estado Mérida, Baruta y Los Salias en Miranda y en fase de promesa está el municipio Sucre y Chacao. En el municipio Maneiro en Nueva Esparta ya pasó por primera discusión', afirmó De Freitas.
La representante de la Coalición agrega que sin tener una ley, las instituciones deben mantener registros actualizados de la materia que les corresponde. Con esa premisa, extienden por un mes y no sólo un día, la celebración del libre acceso a la información. REGRESAR |
| Fecha publicada: 27/09/2009
Fuente: Últimas Noticias
Tema: gobierno
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