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La Organización Internacional de Empleadores, adscrita a la Organización Internacional del Trabajo, rechazó la intervención de la finca Bureche, del empresario Eduardo Gómez Sigala, ex presidente de Conindustria. También deploró el atropello y el procedimiento policial en su contra.

Antonio Peñalosa, secretario general de la OIE, denunció que el Gobierno asedia una vez más al empresariado venezolano e hizo un llamado de alerta a la OIT y al Comité de Libertad Sindical para que estén al tanto de otro ataque contra el sector privado y su organización representativa, Fedecámaras.

Señala que la intervención de fincas en el valle del río Turbio, en el estado Lara, entre las que se cuenta Bureche, de 29 hectáreas, propiedad del director de Fedecámaras y ex presidente de Conindustria y Cavidea Eduardo Gómez Sigala, es una demostración de las medidas de atropello contra el sector privado.

Indicó que no sólo se pretende confiscar la propiedad, sino que también fue devastada la producción de caña de azúcar y pastizales en la finca, lo cual atenta contra la seguridad alimentaria y el empleo.

'Una vez ocupada la finca, se destruyeron 18 hectáreas de caña de azúcar que debía cosecharse en 2 meses', agregó Peñalosa.

Solicitó a la OIT, en nombre de la Organización Internacional de Empleadores, que exija al gobierno de Hugo Chávez, con la máxima urgencia, respeto de los derechos reconocidos en las normas fundamentales de ese ente. También pidió que cese inmediatamente la campaña de ocupación sectaria de tierras productivas, lo que genera pérdida de producción, desempleo y pobreza.

Asimismo, que se devuelva la propiedad al empresario Eduardo Gómez Sigala, que se retiren los cargos judiciales y se detenga el acoso personal en su contra.

'Exigimos que se indemnice al industrial por las numerosas pérdidas económicas y se culpe a los responsables de los abusos y destrucción premeditada de las propiedades del líder empresarial', indicó.

El representante internacional deploró el procedimiento policial al que fue sometido Gómez Sigala, que fue arrestado y trasladado a la Brigada de la Infantería de Barquisimeto para luego ser presentado a la Fiscalía 5ª del estado Lara.

Aunque el empresario quedó en libertad, el Ministerio Público, para justificar la detención, le imputó agresiones y resistencia a la autoridad y debe estar sujeto a la obligación de comparecer ante el tribunal cada vez que sea requerido o lo amerite la investigación.

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Fecha publicada: 01/10/2009
Fuente: El Nacional
Tema: empresas

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