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El escarnio público no es la única consecuencia que tiene aparecer en el programa La Hojilla. También puede conllevar una citación judicial, como parecen demostrarlo los casos de los estudiantes Julio César Rivas y Carlos Graffe, el vicealmirante Carlos Millán Millán, el general Wilfredo Barroso y el ex gobernador del Zulia Manuel Rosales.
En todos ellos la transmisión de grabaciones de conversaciones telefónicas y videos a través del canal del Estado ha culminado con la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
En algunos de los expedientes relacionados con estas causas la transmisión a través de Venezolana de Televisión (VTV) parece ser el principal elemento de convicción, esto a pesar de que la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz ha asegurado que su despacho no inicia investigaciones por las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación.
El caso más emblemático es el del estudiante Carlos Graffe. La investigación en su contra fue abierta conjuntamente con la de Julio César Rivas. Sin embargo, no fue sino hasta la semana pasada que unas fotos y videos reproducidos a través de VTV sirvieron como base para emitir una orden de captura en su contra. Su foto y el número de cédula fueron tomados de la red social Facebook.
Sin embargo, cuando el estudiante se presentó ante tribunales se evidenció el escaso parecido físico que éste tenía con la persona, señalada desde La Hojilla, como supuesto responsable de los hechos de violencia de la marcha del 22 de agosto contra la Ley Orgánica de Educación. En este sentido el tribunal tercero de control decidió dejarlo en libertad.
Para Gonzalo Himiob, quien fungió como su representante legal, la atribución de responsabilidades penales debe hacerse con mayor responsabilidad. 'Es un absurdo que la Fiscalía se deje llevar por programas televisivos. Es evidente que Mario Silva no tiene la capacitación necesarias para hacer comparaciones antropométricas'. El jurista hace referencia al proceso de identificación que debe llevar la Fiscalía.
GOLPE EN PANTALLA
El otro caso relacionado con esta causa fue el del estudiante Julio César Rivas. Entre los elementos probatorios contra el universitario la Fiscalía tomó un video transmitido a través de La Hojilla, pro- grama en el que se le acusó de haber violentado el cerco de seguridad durante la marcha contra la LOE. Igualmente, se tomó testimonio a algunos de los reporteros de medios del Estado presentes en la manifestación.
El pasado 30 de septiembre a Rivas le fue otorgada una medida cautelar que le permitirá enfrentar en libertad el juicio en su contra. También desembocó en una investigación penal la transmisión de una grabación telefónica a través de VTV en la que se escuchaba supuestamente al vicealmirante Millán Millán y el general Wilfredo Barroso planificando la toma del palacio de Miraflores.
La grabación fue prácticamente la única prueba que existe en contra de los militares y desembocó en su detención. Esta habría sido hecha por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), asegura su abogado, Omar Mora Tosta.
Los uniformados fueron liberados el pasado 8 de octubre luego de pasar un año detenido. Sin embargo, todavía deben hacer frente al proceso judicial en su contra. Los representantes legales de los generales han denunciado que la grabación fue manipulada con el fin de incriminarlos.
Otra grabación que parece proceder de los organismos de inteligencia y que llegó hasta los medios oficiales está relacionada con el ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales. La grabación fue presentada en el programa Los Papeles de Mandinga, así como durante una sesión de la Asamblea Nacional. En ella se escucha a Rosales supuestamente ordenando la transferencia de millones de dólares en cuentas de bancos en el exterior.
Aunque su abogado, Jesús Ollarves, indica que esta no fue usada como prueba contra su defendido considera que fue divulgada con el fin de desacreditar al dirigente. Aduciendo que era víctima del 'terrorismo judicial' del Gobierno el ex alcalde de Maracaibo se trasladó hasta Perú, país que le concedió asilo político. REGRESAR |
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