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Una lista divulgada por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada revela que sólo 13,5% de las empresas de vigilancia y transporte de valores tiene la autorización requerida para que sus empleados porten armas de fuego.
El documento incluye los nombres de las 145 compañías, sus direcciones y los teléfonos de sus oficinas y representantes. La mayoría de las firmas está radicada en la zona central del país y en Zulia. Ninguna aparece identificada como cooperativa.
La Darfa recomendó a los usuarios de esos servicios no contratar a ninguna compañía que no aparezca en la lista.
Una fuente del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia aclaró que otras empresas de vigilancia pueden operar siempre y cuando sus empleados no porten armas de fuego.
En ese despacho están registradas 1.097 compañías de seguridad y transporte de valores.
Pero 86,5% de ellas no tiene autorización de la FAN para portar armas. Sus empleados generalmente llevan equipos de protección y comunicaciones.
La organización Small Arms Survey afirma que la industria de la seguridad privada en Venezuela posee aproximadamente 240.000 armas de fuego. Esto implica que cada una de las empresas con permiso de la Fuerza Armada tiene un promedio de 1.600 piezas. No obstante, la entidad suiza ha aclarado que muchas de esas armas han sido desincorporadas o han terminado en el mercado ilegal, ya sea por robo o por desvío.
Contra la piratería. Una providencia administrativa emitida por el Ministerio de la Defensa el 27 de agosto pasado establece que las empresas de seguridad y transporte de valores podrán pedir permiso para tener sólo revólveres calibre 38 especial, así como escopetas calibre 12, con munición antimotín o de plomo.
La norma señala que esas compañías deberán actualizar sus registros en la Darfa en un lapso no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue publicado en Gaceta Oficial.
El presidente de una firma de seguridad y transporte de valores manifestó que la decisión del Ministerio de la Defensa contribuye a disminuir la piratería en esa industria.
Para obtener el registro en el despacho militar es necesario llenar 17 requisitos. A esto se unen las exigencias de los ministerios de Infraestructura, Salud y Trabajo, así como del Seniat.
Una fuente del Ministerio de Relaciones Interiores indicó que las empresas de seguridad también deben pedir permiso a Conatel, si sus trabajadores utilizan radiofrecuencia para comunicarse.
El último permiso que se otorga es la resolución ministerial de funcionamiento.
En el caso de las armas, los serenos deben llevar una autorización o licencia conocida como VP (vigilancia privada).
Si no la tienen, el arma será decomisada y los trabajadores pueden ser procesados por porte ilícito, tal como sucedió en febrero de este año en una operación de la Guardia Nacional en Barquisimeto.
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