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El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) realizó un operativo en el Centro Comercial Propatria a fin de verificar que los comercios cumplan con el marcaje de precios, acción que está enmarcada en el Plan Nacional contra la especulación.
Durante el operativo se detectaron irregularidades como ausencia en el marcaje de los precios, remarcaje de precios, publicación parcial y de hasta dos precios en el mismo bien; ofertas y promociones sin autorización del Indepabis y condicionamiento en las ventas.
Se fiscalizaron mueblerías, tiendas de electrodomésticos, de calzado y vestimenta, productos de cuidado personal, entre otros.
Ante esta situación, el Indepabis aplicó cierres entre dos y seis horas, previa consulta con los comerciantes, para que se pusieran al día con el etiquetado de los precios de todos los productos existentes en el establecimiento, no sólo con el precio sino que también deben exhibir la fecha en que se marcó ese valor, tal como lo establece la ley.
La directora nacional de Fiscalización del Indepabis, Valentina Querales, recordó que en los establecimientos comerciales donde se preste un servicio o se venda un bien deben estar expuestos a la vista de los usuarios el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), de los productos regulados, así como el Precio de Venta al Público (PVP) de los no regulados.
Querales informó que los funcionarios del Instituto llevan a cabo una intensa fiscalización para garantizar el correcto marcaje de precios, combatir la especulación, la usura y las ofertas engañosas.
De acuerdo con la Ley de Defensa a las personas en el acceso a los bienes y servicios, si los productos no traen los precios marcados desde el fabricante, los comerciantes pueden colocar etiquetas visibles al público, donde se señalen los precios, sin tachaduras, y ese producto no podrá ser vendido a un precio superior al señalado.
El Indepabis también detectó trato discriminatorio a los clientes, pues los comercios exhibían carteles en los que 'se reserva el derecho de admisión', que está prohibido en la ley.
Angie Contreras C.
EL UNIVERSAL
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