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Un juez del circuito judicial 11 de Miami sentenció esta semana al Banco Industrial de Venezuela a cancelar un total superior a los 2,6 millones de dólares en gastos ocasionados por la defensa de Esperanza Matos de Saad, durante el juicio criminal que se le siguió por su presunta vinculación con una red internacional de narcolavado, mientras presidía la oficina del BIV en Miami en 1998. Matos de Saad fue declarada inocente de las acusaciones.
El BIV deberá enfrentar por lo menos otras dos demandas millonarias, conducidas por Matos de Saad. Uno se refiere al incumplimiento del contrato de la ex funcionaria del BIV, luego que el banco decidiera no defender a Matos de Saad cuando fue acusada por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos como parte de una red que lavaba dinero del narcotráfico, una acusación que resultó infundada.
Como consecuencia de las acusaciones, Matos de Saad fue despedida de su cargo y perdió importantes beneficios laborales derivados de su contrato con el BIV.
La segunda demanda se centrará en los daños y perjuicios que Matos sufrió durante los 9 años que han transcurrido desde que estalló el caso, conocido como la Operación Casablanca, en 1998.
Matos de Saad resultó implicada en el caso cuando su hermano Luis Raúl Matos Azócar era un alto funcionario del gobierno de Rafael Caldera.
La decisión de esta semana es la segunda que afecta al banco, luego que en el 2004 una corte de apelaciones de la Florida confirmó la sentencia de que el BIV estaba en la obligación de cumplir con el estatuto floridiano que obliga a las corporacoines a asistir a sus empleados legalmente cuando estos enfrentan problemas con la justicia relacionados con sus funciones.
“El BIV hizo caso omiso de todo esto”, declaró a Quinto Día Esperanza Matos, en una entrevista exclusiva.
Quinto Día no pudo obtener una versión oficial del Banco Industrial de Venezuela sobre la decisión, pero un directivo consultado en Caracas que pidió el anonimato, dijo que la defensa legal del caso resultó sumamente costosa para el banco, aunque no obtuvo resultados.
El BIV deberá pagar los honorarios de los abogados Joseph Beeler, Oscar Arroyave y William Petros, que participaron en varias etapas de la defensa de Matos de Saad. El resto del monto se cancelará a acreedores de los que Matos obtuvo recursos para pagar la defensa, y a familiares que prestaron dinero para el proceso legal.
Según Esperanza Matos, el BIV pagó por lo menos $17.6 millones en su defensa legal a dos importantes bufetes de Miami, aunque pudo haber alcanzado un acuerdo desde hace 6 años, que le hubiese permitido ahorrar tres cuartas partes de este monto.
“El gobierno venezolano terminó pagando más de $12 millones en honorarios, en un caso que pudo haberse resuelto hace 6 años, cuando me declararon inocente, sin haber incurrido en ese gasto. El banco se hubiese ahorrado todo ese dinero.
Ahora tiene que pagar mucho más”, aseguró Matos de Saad.
Los gastos de la defensa pagada por el BIV fueron aprobados por el ex presidente Luis Quiaro, a pesar de la oposición de varios directivos del banco.
De hecho, el BIV realizó consultas a otros bufetes estadounidenses para evaluar las posibilidades de éxito de las acciones legales que estaba adelantando, y la recomendación unánime fue que “trataran de llegar a un acuerdo con los demandantes”, según dijo el directivo a Quinto Día. Matos de Saad detalló que “las acciones legales del BIV en mi contra lo único que beneficiaron fue a los bufetes Ruden McClotsky y Hogan & Hartson, con los excesivos montos de honorarios profesionales que le fueron pagados”.
Según la ex directora del BIV, el escritorio Ruden McClotsky recibió unos $12 millones en honorarios durante un período de unos 6 años, mientras que Hogan & Hartson, cobró unos $3 millones en un período de un año. REGRESAR |
| Fecha publicada: 18/05/2007
Fuente: Quinto Día
Tema: economia
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