Ayer Elías Jaua fue juramentado como Vicepresidente de la República, y en su discurso se refirió a la necesidad de desmontar el actual sistema de la propiedad en Venezuela.
Para ello, destacó que la estructura de la propiedad debe cambiar en el país, pues el objetivo central del Gobierno nacional es lograr la hegemonía de la propiedad social.
Durante el acto en el Teatro Teresa Carreño, el nuevo vicepresidente y ministro encargado de Agricultura y Tierras, instó a recuperar la doctrina marxista sobre la apropiación social de la riqueza, a fin de dirigir los recursos para satisfacer las necesidades de la gente.
Jaua expresó que para romper con el esquema actual de la propiedad se deben crear instrumentos para darle más poder al pueblo, y que el Gobierno los está definiendo.
'Los medios estratégicos nos pertenecen a todos para garantizar que todos tengamos patrimonio familiar', dijo el Vicepresidente luego de indicar que el reto del Ejecutivo es restituirle al pueblo lo que 'la oligarquía le robó'.
En el marco de decisiones para modificar el modelo productivo en el país, este lunes 1 de febrero entró en vigencia la reforma de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, conocida popularmente como la Ley del Indepabis.
Es así como en adelante el Gobierno tiene la vía libre para expropiar cualquier tipo de empresas productoras de bienes y servicios, y no solo aquellas que considera estratégicas como sucedía desde abril del año pasado, cuando fue definida la ley originalmente.
Con la reforma de la normativa, además, el camino está abierto sin pasar por la declaratoria de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional. En la antigua ley el Ejecutivo estaba obligado a aguardar por el trámite ante el Parlamento para poder llevar a cabo la expropiación de empresa alguna.
El instrumento legal indica que el Gobierno podrá dictar medidas de ocupación o expropiación a todos las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de cualquier tipo de bienes y servicios en general.
La normativa castiga la especulación, el boicot y el acaparamiento con multas de hasta 5.000 unidades tributarias (275.000 bolívares) y prisión de hasta 10 años.
En el marco de las sanciones previstas en la Ley del Indepabis, este lunes fueron condenados a tres años de prisión los comerciantes Davide Prati Guido y Luca Caruzzo, propietarios del supermercado La Franco Italiana ubicado en Punto Fijo, estado Falcón. Se les acusó por la comisión de los delitos de acaparamiento y alteración fraudulenta de precios.
El Indepabis señaló esta semana que en menos de un mes habían inspeccionado 3.520 establecimientos comerciales, de los cuales más de 1.900 fueron cerrados por el remarcaje de los precios de los productos comercializados y por especulación.
El organismo profundizó sus inspecciones a los comercios tras el anuncio de devaluación del bolívar por parte del Gobierno, como mecanismo para evitar que los precios se dispararan en una economía que tradicionalmente ha registrado altos niveles de inflación.
Desde el 9 de enero existen dos tipos de cambio: 2,60 bolívares y 4,30 bolívares, mientras que antes el valor de la moneda estadounidense era de 2,15 bolívares por cada dólar. REGRESAR |
