El abogado Román Duque Corredor, ex magistrado de la República, indicó que la expropiación de La Francia y otros tres edificios del centro de la capital, más que una orden, es un vejamen a todo un sistema legal. Antes de la declaratoria de expropiación, se realiza la de utilidad pública.
Luego, un decreto de afectación que explique los bienes que son requeridos.
Posteriormente se procede a realizar un proceso judicial para llegar a una sentencia.
Saltar este proceso, lo califica Corredor como una expoliación, o privación ilegítima de un bien. Al no presentar un proyecto de recuperación del casco histórico de Caracas, o un crédito presupuestario para pagar los compromisos, “ni medir las consecuencias económicas y sociales que trae consigo generar 2000 desempleados más”.
Para el abogado otro aspecto que le resta validez a la medida, es el hecho de que en lugar de recuperar el espacio como parte de los bienes históricos de la ciudad, se habilitará para consejos comunales.
Las personas expropiadas tienen todos los recursos legales para defenderse, pero según Duque Corredor lo que faltan son jueces valientes. De hecho el edificio Francia representa un problema que la alcaldía deberá desentrañar, pues este inmueble pertenece a la Universidad de Oriente, también patrimonio de la nación.
El próximo decreto deberá indicar la situación jurídica específica de ese edificio.
El hecho de que éste se haya destinado a la generación de renta como método para subsanar los gastos de la universidad, es algo que esta dentro del marco legal.
Si la razón es, en realidad, que un edificio histórico albergue comercios, se tratará entonces de un intento de estatizar sectores económicos comerciales.
El Gobierno, según el abogado, no está descubriendo la pólvora al hablar de la valoración histórica de la zona, donde siempre han podido existir edificios privados con la condición de que estuviesen sometidos a normas arquitectónicas que no permitieran hacer modificaciones a la estructura de los inmuebles antiguos.
Para Duque Corredor, representa una medida antiética que quiere una ampliación de la “Esquina Caliente” sin siquiera presentar un proyecto, o un presupuesto de indemnización a las personas cuyas propiedades han sido expropiadas o, como define el abogado, expoliadas. REGRESAR |
