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'Pago en una pieza BsF 350, pero allí no puedo tener a mis niñas. El problema de los alquileres es que no firman el contrato cuando hay menores de edad de por medio. Por eso invadí'.
Así inicia Jazmín Figuera su testimonio, donde cuenta la razón del por qué ocupó unas tierras por las cuales no pagó ni medio y de donde intentaron sacarla hace 20 días.
Se dice intentaron, porque aunque la Guardia Nacional atendiendo una decisión de un tribunal le tumbó a ella y a otras 25 familias sus casas de tablas, ubicadas en el cerro sur del Distribuidor Metropolitano, Figuera sigue viviendo en el lote de tierra banqueada, pues no puede llevar a sus hijas a la pieza alquilada.
La diferencia ahora es palpable. No tiene el rancho con sus servicios. Sólo un cuarto, y la cocina es un parapeto que está en la intemperie. Pero lo más grave aún es la vulnerabilidad a la que están sometidos los menores. Tan grave es la cosa, que cuando quieren asearse cruzan la autopista para aprovechar un chorrito que sale del cerro Ávila. Allí se bañan ante la mirada de los transeúntes.... quienes se preguntan 'y ¿dónde está la Lopna?'.
Otras invasoras como Olga Judith Quevedo (sale en la gráfica principal) todavía se resguardan en los cinco ranchos que quedaron en pie. Para ayer esperaba a los uniformados, quienes iban a tumbar el resto de las casas.
Los van a sacar. Lo cierto del caso es que el tiempo a estas personas se les acorta. 'Lo malo es que no nos dan una promesa de reubicación y no tenemos para dónde ir', dijo Quevedo.
María Cristina Silva, directora de Infraestructura y Planificación Urbana de la Alcaldía del municipio Sucre, señaló que en la autopista Caracas-Guarenas, en el tramo que corresponde a la jurisdicción, tienen registradas cinco invasiones.
La única que ha sido desalojada es la de más reciente data. No supera el año y de allí sacaron a 26 ciudadanos, 18 con cédulas falsas y con documentos extranjeros.
'De allí que, como autoridad urbanística, vamos a evitar que se hagan más construcciones ilegales. El orden público y el desalojo le corresponde a la Guardia Nacional. Pero no permitiremos que estas ocupaciones avancen. Durante el próximo trimestre debemos estar completando los desalojos de esas zonas. La política de nosotros es la no existencia de estas construcciones'.
Señaló que el jueves pasado tuvieron una reunión en la Asamblea Nacional con la Comisión de Servicios Públicos y se determinó que 'nuestra actuación será evitar que existan delitos ambientales en esta localidad, pero también este hecho de la no degradación de las áreas verdes le compete a Guardería Ambiental'.
Con respecto a las otras invasiones, dijo que comenzarán a abrirles procedimientos legales estas personas.
Por su parte, el coronel GN José Hernández, dijo que en el sitio sólo quedaron tres ranchos que casualmente iban a ser demolidos ayer. Al parecer les dieron un chance de esta semana. Luego dijo que reforestarán la zona con mil 500 árboles para que no regresen los invasores. Otros 42 ocupantes del Kilómetro 0 del distribuidor están notificados para que salgan voluntariamente.
'No podemos dar casas'
Víctor Rodríguez, director del Instituto Municipal de Vivienda del municipio Sucre, dijo que el único ente con capacidad y recursos para dar casas es el Gobierno nacional. 'De allí que no le podamos ofrecer soluciones habitacionales. Esta gente no salió de la nada, no vivían debajo de un puente. Pero lo que estamos haciendo es no permitir la invasión a diestra y siniestra'.
Dijo que este tema es muy complejo y sensible, pero lo grave es que -en el caso de la ocupación que está detrás del terminal- no se respetó ni el retiro que está a orillas de la vía, por un lado y, por el otro, está el colapso de los servicios públicos, la generación constante de aguas negras y de basura, lo cual constituye un problema de salud ambiental. REGRESAR |
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