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Empresas Polar acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que conozca la medida de expropiación que afecta a sus instalaciones en Barquisimeto, conformadas por una agencia de distribución de Cervecerías Polar y otra de Pepsi-Cola Venezuela. La información la dio a conocer Guillermo Bolinaga, director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas Polar.
'Se trata de una medida arbitraria, innecesaria e injusta', recalcó Gustavo Hernández, director de Cervecería Polar, quien añadió: 'Se viola el derecho a la libre empresa, así como el derecho al trabajo'. Unos 3.200 empleos estarían en peligro si se llega a ejecutar la expropiación.
Añadió Hernández: 'Seguiremos operando hasta tanto no se pronuncie el Tribunal'.
Los trabajadores de las sedes de Barquisimeto decidieron manifestar ante los medios y exigieron que se respete su derecho a trabajar. 'Con esta decisión inconsulta estamos a punto de perder nuestros empleos y el sustento de nuestras familias', expresaron desde las instalaciones del Parque Maltín Polar. Añadieron: 'Todo se hizo a espaldas de la gente, no hubo consulta pública'.
Se dice que 84,2% de los habitantes de la ciudad están en desacuerdo frente a la expropiación de fábricas y plantas que estén funcionando, según un estudio de opinión pública que realizó Consultores 21, donde se entrevistó a unas 500 personas.
Las acciones
El pasado 9 de marzo la Cámara Municipal aprobó un Acuerdo de Utilidad Pública sobre 21 lotes de terreno en la zona industrial 1 -donde están las sedes de Empresas Polar- y seis días después se publicó en Gaceta Municipal el mencionado acuerdo, así como el Decreto de Expropiación de dichos terrenos. Todo esto vino a raíz de que el presidente Hugo Chávez solicitó el desalojo de Polar el pasado 13 de febrero.
Otras veinte empresas resultan afectadas por la medida. Se estima que todas las industrias ubicadas en la zona a expropiar están valoradas en Bs.F. 217 millones y que demolerlas tendría un costo que superaría los Bs.F. 109 millones. A todo eso hay que añadir la indemnización que implica la mudanza a otro lugar.
En el caso particular de Polar, sus agencias ocupan un área total de 76.314 m2 y su valor asciende a Bs.F.95 millones. Demoler las obras de esta empresa, costaría Bs.F.49 millones, según estimaciones de la propia empresa, que adquirió esos terrenos en 1954.
Allí operaban las oficinas de la empresa para la región centro-occidental, depósitos, patio de maniobra, estacionamiento para gandolas y el parque Maltín Polar. Es uno de los depósitos más grandes de cerveza de la compañía y moviliza unas 200.000 cajas al mes atendiendo a unos 7.000 clientes. Pepsi Cola llega desde ese centro a más de 9.000 puntos de venta.
La última información emitida por los Concejales señalaba que las empresas tienen hasta cinco años para desalojar los terrenos expropiados.
Sobran las alternativas
Señaló Hernández que 'expropiar unas instalaciones que están operativas para resolver un problema de vivienda no tiene sentido'. Dice que existen diversas opciones mucho menos costosas y más razonables para solventar la escasez de vivienda en la región.
'Ofrecimos vender un terreno que tenemos en una zona residencial en Barquisimeto y que se encuentra al lado de una vía de comunicación, pero no hemos tenido respuesta a este ofrecimiento', recalcó Hernández.
Se estima que el costo total por metro cuadrado de terreno en la zona industrial 1 de Barquisimeto es de Bs.F.1.887, mientras que el de un terreno residencial en la región se calcula en Bs. F. 600.
Añadió Hernández que en la región existen unas 4.000 unidades de vivienda que están esperando por recursos para que se pueda culminar su construcción.
Vicios de ilegalidad
Considera Bolinaga que la medida es de ilegal ejecución, además de inconstitucionall. 'Se viola el principio de reserva legal y el de razonabilidad. No se pueden hacer cambios de zonificación aislados ', explica y agrega que 'no se respetó el procedimiento del Plan de Desarrollo Urbano Local'.
Hernández insistió en que las agencias son una importante fuente de empleo en la región, que se encontraban operando adecuadamente en una zona industrial desde hace más de 50 años y que están al día con sus obligaciones fiscales.
'No hay razón para mudarnos. La medida no fue sometida a consulta pública ni se tomó en cuenta la planificación de la ciudad. Toda esta situación está generando mucha incertidumbre', admitió.
Al finalizar, Bolinaga recalcó: 'La regla es la propiedad, la excepción es la expropiación'. REGRESAR |
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