¿ Qué queda de la voracidad estatizadora con la que en nombre de un socialismo difuso se viene arremetiendo, cada día con más audacia, contra toda forma de propiedad privada y de emprendimiento independiente? ¿Cuánto ha ganado la sociedad con estas acciones de apropiación estatal amparadas en el falaz argumento del bien común? Nada. Y ha perdido mucho.
En productividad, en empleo, en confianza, en dinamismo económico, en capacidad para satisfacer las necesidades de la población.
La reciente medida de 'adquisición forzosa' de Molinos Nacionales (Monaca) con el argumento de 'concretar la consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI' se inscribe, en realidad, en una política suicida que busca la destrucción del aparato productivo nacional, con consecuencias que no pueden ser otras que las que ya estamos viviendo: desabastecimiento, mayor inflación y desempleo, desaceleración de la economía, dependencia creciente de la importación, pérdida de soberanía alimentaria.
Muy al contrario de la promesa de rescatar un bien o una actividad para provecho colectivo, las acciones confiscatorias, expropiatorias o simplemente estatizadoras han traído funestas consecuencias.
En contraste con lo que prometen, su resultado se expresa en pérdida de producción, fracaso, improductividad. Allí está, sólo a modo de ejemplo, el caso Sidor. La crisis del sector eléctrico no será suficiente excusa para justificar su actual bajo nivel de producción y alto nivel de pérdidas. Así deben haberlo entendido sus accionistas clase B, trabajadores o jubilados de la empresa, que están optando por vender su participación. Cuando invirtieron confiaban, sin duda, en la estabilidad jurídica del país y apostaban por participar en los beneficios económicos de una empresa exitosa y en crecimiento.
Hoy se sienten desorientados, desasistidos, enfrentados a un futuro incierto. El valor de su capital se ha reducido.
También sus expectativas. No les sirve la falacia según la cual 'como eres socialista, la ganancia no importa'. Al país sí le importa. Le importa la productividad, el empleo, el crecimiento, el bienestar. Y a la empresa y a cada trabajador, también.
Todo parece indicar que lo que está planteado es el enfrentamiento entre dos visiones: una, la emprendedora, fundamentada en el esfuerzo, la productividad, la competencia creadora, la calidad, la multiplicidad de actores, la satisfacción de las necesidades de la sociedad, la creación de empleo y de riqueza; otra, la estatizante, basada en el monopolio estatal, la anulación de la iniciativa privada, la apropiación, la dependencia, el subsidio, el reparto, el desprecio a los conceptos de productividad y beneficio.
Dos visiones: la que promueve la armonía entre los sectores empresarial y laboral, comprometidos ambos con el éxito y el bienestar de la comunidad; la que funciona sólo sobre la renuncia de un sector empresarial arrinconado o perseguido y de un sector laboral obediente y resignado.
La voracidad estatizadora, está visto, trae aparejada más la destrucción que la construcción, la frustración más que el logro. Se da en nombre de una supuesta legalidad pero expresa la forma más abusiva de la competencia desleal, la que enfrenta al Estado todopoderoso con el ciudadano, la que desconoce en la práctica la letra y el espíritu de la Constitución, particularmente el artículo 115 que establece la propiedad privada y el 299 que define los principios en los que se fundamenta nuestro régimen socioeconómico y establece la participación del Estado y de la iniciativa privada en el desarrollo armónico de la economía nacional. REGRESAR |
