'Los venezolanos rechazamos contundentemente que la propiedad privada sea erradicada o sustituida por una mal concebida propiedad colectiva implementada a la fuerza', dice el manifiesto del recién creado Movimiento Social para la Protección del Patrimonio Familiar, que agrupa a organizaciones comunitarias, sindicales y de microempresarios.
El documento fue leído por Lisbeth Cordero, representante de una agrupación de trabajadores informales, quién resaltó que los pequeños comerciantes temen que el Gobierno les quite su medio de sustento por la política de expropiaciones.
Joel Román, coordinador general de la Red Nacional de Vecinos, alertó que todos los venezolanos pierden con la arremetida oficial contra la propiedad, pues peligra el patrimonio familiar, como la posesión de viviendas y negocios, y unidades de transporte, entre otros. 'Los dueños de pensiones y casas de vecindad han recibido señales de intervención estatal', citó como ejemplo.
Alfredo Padilla, de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, recordó las medidas que la Alcaldía del Municipio Libertador ejecutó contra los concesionarios de los mercados municipales. Dijo que pedirán a los diputados de oposición que resulten electos el 26 de septiembre, que promuevan la reforma de las leyes que perjudican la propiedad privada.
Entre los integrantes del movimiento están la Federación de Jubilados de Cantv, el Mercado de Petare, el Observatorio Laboral, la Asociación de Vendedores de Alimentos del Municipio Sucre y la Asociación de Mercados a Cielo Abierto, así como representantes del transporte público y de los accionistas clase B de Sidor.
Reforma peligrosa. Los temores de dirigentes vecinales y pequeños comerciantes no son infundados. Hace un mes las autoridades detuvieron a decenas de carniceros, acusados de especulación, y amenazaron con expropiar los negocios.
Ayer, el Ministerio de Comercio ocupó temporalmente una tienda en Los Teques por supuesto acaparamiento.
El abogado Tomás Arias, integrante del Observatorio de la Propiedad Privada de la ONG Liderazgo y Visión, explicó que la reforma de la Ley del Indepabis permite expropiar cualquier cosa, al declarar de utilidad pública e interés social todo lo necesario 'para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios'.
Precisó que la disposición es tan difusa que puede prestarse para cualquier atropello.
'Es un paso peligroso hacia la supresión progresiva de la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción'. Resaltó que esta reforma y las demás leyes que el Gobierno ha hecho para justificar sus ataques contra la propiedad privada son inconstitucionales, pues la carta magna garantiza ese derecho y obliga a las autoridades a promoverlo. REGRESAR |
