La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que a solicitud del Ministerio Público, fueron acordadas órdenes de aprehensión contra el empresario Guillermo Zuloaga Núñez y su hijo Guillermo Zuloaga Siso, quienes fueron imputados en su oportunidad a raíz del almacenamiento irregular de 24 vehículos, localizados durante un allanamiento realizado el 21 de mayo de 2009, en una quinta ubicada en los Chorros, Caracas, propiedad del empresario.
Indicó que el fiscal 1° nacional, José Gregorio Morales, solicitó la orden de aprehensión ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acordó la petición por considerar que estaban llenos los extremos legales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Recordó Ortega Díaz que ambos empresarios fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de usura genérica continuada y agavillamiento, previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y el Código Penal.
Señaló que corresponde ahora a las autoridades policiales practicar la captura de ambos ciudadanos, quienes deben ser presentados ante el tribunal de control, el cual decidirá qué medida se adopta legalmente.
La Fiscal General explicó que el artículo 143 de la ley de Indepabis, por el cual fueron imputados ambos hombres, establece textualmente que "Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años"
Asimismo, indicó que sobre el delito de agavillamiento, el artículo 286 del Código Penal tipifica que "cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de dos a cinco años".
Esta investigación se inició a raíz de una llamada telefónica a través de la cual se denunció que en una quinta había una serie de vehículos que pudieran ser de dudosa procedencia.
A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento, la cual fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas, con los resultados antes señalados.
En su oportunidad, fueron analizados los documentos consignados por el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, el 27 de mayo, según los cuales existen irregularidades por parte de los directivos de las concesionarias Toyosan y Toyoclub, ambas vinculadas con el empresario Guillermo Zuloaga y su hijo.
Vale destacar que a raíz de la situación irregular planteada durante el allanamiento con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y otros funcionarios, se abrió una investigación adicional por presunta obstaculización de la justicia donde fue imputada la abogada Perla Jaimes 20° del AMC. REGRESAR |
