En los últimos siete meses el sistema bancario nacional sufrió 12 intervenciones. En esta ocasión no se trató de un efecto dominó como ocurrió en la crisis bancaria de 1994; pero al igual que en aquel momento, los créditos relacionados y la política no quedaron de lado.
Estos 12 bancos sumaban Bs.F. 32.259 millones en depósitos del público, lo que representa 12,1% de las captaciones del sistema a diciembre de 2009. Una crisis, sin duda, pero mini, en comparación con el caos financiero de la década de los 90, cuando cayeron tres cuartas partes de las instituciones activas en ese momento, que registraban por lo menos 38% de los depósitos del público.
Tramas y trazas
De esa estrepitosa caída, el Banco Federal arrastró números no tan buenos, según indicó el superintendente de bancos, Edgar Hernández Behrens, cuando anunció la intervención de esta entidad el 14 de junio de 2010.
En los últimos casos, incluyendo el del Federal, el motivo que impulsó la medida fue el mismo: insolvencia, en resumen. Pero cada uno guardaba detrás historias políticas de largo alcance.
Pocos días separaron la orden de captura de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, emitida el 11 de junio, de la intervención del Federal, cuyo dueño, Nelson Mezerhane, también es accionista del canal de televisión.
El Ejecutivo insistió en que la acción fue meramente técnica. Desde octubre del año pasado, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) tenía medida administrativa en esta institución, a raíz de la cual solicitó 'aumento de capital', 'solventar déficit del saldo mínimo de encaje legal' (porcentaje de depósitos congelados en el BCV), e 'incrementar activos líquidos', entre otros requerimientos.
Sudeban indicó que esto no se cumplió y que por el contrario continuó 'un alto riesgo de liquidez al mantener pasivos exigibles de inmediato que superaban en 374,4% a los activos líquidos'.
Siete meses antes, el 20 de noviembre, había caído el primer lote de los cuatro bancos que iniciaron la llamada minicrisis. Cayó Banpro, Confederado, Bolívar y Canarias. Las acciones de estas entidades ya habían pasado de las manos del banquero Eligio Cedeño (hoy solicitado por el Ministerio Público para su extradición) a Ricardo Fernández Barrueco.
Este empresario de alimentos era uno de los principales proveedores de Mercal y Pdval. Ahora está detenido y es investigado por la intervención de los tres primeros bancos, más el Canarias, que compró poco antes de que pesara sobre este el cese de operaciones que dispuso el Ejecutivo.
El segundo lote estuvo conformado por Central, Real y Baninvest: el grupo de instituciones de Pedro Torres Ciliberto (quien está fuera del país con otra orden de captura del Ministerio Público).
Este afirmó en una carta que publicó desde el extranjero que era amigo cercano de Raúl Baduel, siendo este ministro de Defensa. Y aseguró que conocía 'de trato' al presidente de la República, Hugo Chávez.
A Torres Ciliberto también se le vincula con quien fuera vicepresidente del país, José Vicente Rangel, sobre todo por la relación cercana que existe entre las esposas de ambos.
El socio de Torres Ciliberto en los bancos era Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón, uno de los ministros del presidente Chávez, quien renunció a su cargo en el gabinete de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, después de la intervención de la entidad que presidía su hermano en ese momento, el Real.
En el ínterin cayó Banorte, y luego el tercer lote: Del Sol, Inverunión y Mi Casa. Los dos últimos propiedad de Gonzalo Tirado, logró adquirir acciones y presidir estas dos entidades.
El cese de operación de los 11 bancos caídos en la minicrisis tenían en común, según argumentos de las autoridades, carteras de créditos de baja calidad, principalmente por préstamos a empresas relacionadas que ocasionaron al final un descalce financiero (cuando los depósitos de corto plazo son menores que las colocaciones de crédito o las inversiones a mediano o largo plazo).
La capitalización
Sobre algunas de las instituciones intervenidas pesaban medidas administrativas de la Sudeban meses antes del cese de operaciones.
Funcionarios del organismo supervisor evaluaban desde 2008 los primeros tres bancos de Fernández Barrueco, lo que no impidió que el empresario comprara el Canarias, con condiciones de capitalización. Un plan de pago que, según la defensa del acusado, se cumplió.
Lo que nunca aprobó la Sudeban fue que el hoy detenido asumiera la presidencia de las entidades, entre otras razones, por no lograr comprobar la procedencia de los fondos introducidos a la institución.
El órgano regulador también exigió al banco Federal una recapitalización de Bs.F. 1.500 millones y según la Sudeban los accionistas del banco solo ofrecieron Bs.F. 100 millones, afirmó el organismo.
Sin embargo, la versión de Mezerhane es diferente. Asegura que solo se le solicitaron Bs.F. 400 millones, los cuales se hubiesen aportado, si no lo hubiese impedido una decisión del Parlamento, basada en que los recursos eran provenientes de préstamos.
Los bancos de Torres Ciliberto también mostraron una insolvencia que se reflejó en descapitalización.
La explicación que este banquero, hoy prófugo, dio en el documento que envió desde el extranjero, indicaba que esto se debió a un retiro masivo y repentino de depósitos públicos, que dejó a sus entidades ilíquidas.
Más allá de la información oficial en cuanto a los aspectos técnicos, y las versiones explicativas de los banqueros acusados, lo que es una realidad contundente es que en las 12 intervenciones que vivió el sistema en los últimos siete meses, al igual que en la crisis de 1994, la política estuvo enlazada de una u otra forma. REGRESAR |
