El diputado de Podemos, Juan José Molina, dijo que la Ley de Comunas, el proyecto de ley de Contraloría Social y la ley del Desarrollo de la Economía Comunal, constituyen un paquete de legislaciones que no tienen cabida en el marco constitucional actual y “son interpretaciones que hace el presidente para manipular, para seguir haciendo populismo"
Al cuestionar la Ley Orgánica de Comunas por considerarla inconstitucional, el parlamentario de Podemos, Juan José Molina, afirmó que el presidente Hugo Chávez, de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional (AN), solicitaría una Constituyente, que le permita "imponer" una nueva Carta Magna a su medida.
Molina destacó que la ley, que fue recientemente aprobada por la AN en primera discusión, se ubica en el marco de un conjunto de normativas legales "que violentan la Constitución" porque fueron rechazadas en el referendo de la reforma constitucional de diciembre de 2007.
"Si la alternativa democrática pierde las elecciones y el gobierno logra imponer una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el presidente con toda certeza va a solicitar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y ganar así, a través de su nueva estrategia electoral que la convalida la Ley de Procesos Electorales, una Constituyente e imponer una Constitución".
Molina considera que la Ley de Comunas "altera" la estructura geopolítica del país que está establecida en la Constitución de 1999 y además la cuestiona pues con ella se ha pretendido "dar connotación de poder al poder comunal", lo que tampoco está dispuesto en la Carta Magna.
"En la Constitución están contemplados los cinco poderes y los niveles de poder son el nacional, regional y el local. La ley del Poder Público Municipal establece que los municipios, que es el nivel más cercano a la comunidad, se divide en parroquias".
Otro elemento que resalta el parlamentario es que la tercera disposición transitoria de la normativa elimina la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, lo que mermaría las competencias de los alcaldes y crea un escenario en el que el presupuesto de las comunas queda directamente dependiendo del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Comunas.
"Los alcaldes y gobernadores van a pasar a ser jarrones chinos. El gobierno asume de manera directa, pasando por encima de gobernaciones y alcaldías, la planificación presupuestaria de esas comunas. No hay un control de la propia ciudadanía. La soberanía queda parcelada, no es una soberanía integral sino parcelada del poder del pueblo (…) Para el gobierno el poder popular significa el concentrar en un grupo, nada más de adeptos al gobierno, lo que es el poder que ostenta el presidente y que él delega a través de los recursos que le entrega a cada una de esas comunidades".
Molina también alertó sobre la "precaria situación" en la que quedan los Parlamentos regionales, pues sus competencias también se verán disminuidas debido a la creación del Parlamento Comunal, contemplado en la ley. "No es la Asamblea Nacional la que está en condiciones precarias, son los parlamentos regionales a los que se les va a quitar la competencia de legislar y esos parlamentos comunales consignará directamente a la Asamblea Nacional las propuestas legislativas".
Enfatizó que la Ley de Comunas, el proyecto de ley de Contraloría Social que también fue aprobado esta semana en primera discusión y la ley del Desarrollo de la Economía Comunal, constituyen un paquete de legislaciones que no tienen cabida en el marco constitucional actual y "son interpretaciones que hace el presidente para manipular, para seguir haciendo populismo y tener el control del dinero y comprar las conciencias de los venezolanos, sobre todo de los que tienen mayores necesidades (…) Chávez tiene una nueva forma de hacer populismo y su actitud gestora o de gestión pública es apartada de la democracia y la Constitución". REGRESAR |
