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La facilidad con la que un consumidor venezolano toma un producto importado en un supermercado, dista mucho del acontecido trayecto que debe sortear desde el país de origen hasta el anaquel local.
Entre la emisión de la orden de compra de un comestible con un proveedor extranjero y su llegada a los puertos aéreos o marítimos nacionales, pueden transcurrir hasta 90 días. En el caso de bienes considerados no prioritarios, como calzado o productos de ferretería, por ejemplo, es posible una demora de tres hasta seis meses, según arroja una consulta al sector.
Los importadores privados están obligados a remontar una cuesta de requisitos y torres de carpetas con la documentación exigida por las autoridades estatales para poder comerciar legalmente productos alimenticios en el país.
La recaudación y consignación de documentos reviste tal grado de complicación que muchos importadores optan por contratar los servicios de empresas y agentes libres especializados en tramitar los procesos.
El retraso de las importaciones correspondientes al sector privado no sólo se debe a las trabas de adjudicación de divisas para la importación de bienes prioritarios a través de Cadivi, sino también a los obstáculos para el otorgamiento de los permisos de importación, considera el economista y profesor del Iesa Carlos Machado Allison.
El aumento de las importaciones de los últimos años (que sustituyen a la disminución de la producción, aparte del aumento del consumo, del gasto público por la renta petrolera) se suma a las dificultades para las operaciones relacionadas a la obtención de permisos, tanto sanitarios como licencias de importación.
De 1.300 millones de dólares que se dedicaban a la importación de alimentos en la década de los noventa, pasó a 7.000 millones de dólares durante el gobierno de Chávez, recuerda Machado Allison, basándose en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Precisamente, dos de los sectores que más crecieron en promedio anual en las importaciones entre 2004 y 2009 han sido el agrícola vegetal (48%) e industrias alimenticias (25%), según cifras del INE, procesadas por Bancoex (2010).
Cambios para seguir igual
En enero de 2008, el Gobierno creó la llamada 'Taquilla Única', instancia dependiente del Ministerio de la Alimentación (Minppal) con el objeto de simplificar los trámites referentes a la producción, mercadeo e importación de productos alimentarios.
La creación de esta oficina obedeció al propósito de canalizar desde un solo punto los trámites de tres ministerios (Agricultura y Tierras, Salud y Alimentación), además de Cadivi y Seniat, para agilizar los permisos de licencia de importación, así como también los certificados de no producción para gestionar la obtención de dólares preferenciales.
También, se creó el Instituto Nacional de Salud Agrícola e Integral (Insai), que sustituye al Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (Sasa). A través del sistema automatizado Gaia (tierra en griego), registra las gestiones referentes a los permisos fitosanitarios (sanidad vegetal) y zoosanitarios (animal). Los permisos para importación de productos veterinarios, por ejemplo, se tramitan por esta vía.
Aunque ahora se reciben los documentos en una misma taquilla y hay avances en la automatización del sistema de registro, los tiempos de respuesta no se han acortado, se quejan importadores consultados que prefirieron no revelar su identidad.
La Taquilla Única sólo recibe los recaudos tres veces a la semana (miércoles, jueves y viernes), apenas dos horas cada día (de 11:00 am a 12:00 am y de 4:00 pm a 5:00 pm). Un margen breve considerando el considerable volumen de registros que se han efectuado en el año de su creación.
Según la Memoria y Cuenta del Minppal del año 2008 (la última que ha publicado este despacho; aún se espera por la de 2009), la Taquilla Única inscribió a 705 importadores. Además, emitió 2.632 licencias de importación; 6.391 certificados de no producción para la exoneración de impuesto a la importación, y 42.443 certificados de no producción para el otorgamiento de divisas Cadivi, entre otros resultados.
La emisión de permisos parece ser un cuento de nunca acabar. Las solicitudes sólo tienen vigencia de tres meses, un tiempo que puede agotarse durante las gestiones y la llegada de los productos importados al país, entre los que se incluyen alimentos frescos, refrigerados, congelados, deshidratados, conservados en soluciones temporales o envasados.
Cada vez que se quiera importar un artículo, el papeleo debe comenzar prácticamente de cero. 'Aunque los importadores con experiencia, como compradores usuales, van adelantando los procesos en paralelo, si trabajan con los mismos proveedores y productos', comenta Eduardo Quintana, empresario importador y presidente de Fedecámaras Vargas.
Además, con el cambio de sistema con el Insai, todas las empresas (registradas o no anteriormente en la extinta Sasa) deben consignar de nuevo los documentos exigidos para su nuevo registro, como todo lo que ello implica en tiempo y dinero.
'Las trabas para obtener los permisos de importación no escapan a las complicaciones burocráticas del país, como sacarse un pasaporte o la célula', indica el economista Juan Socías, presidente de la consultora Grupo Soluciona. 'Forma parte de la cadena interminable de controles del Estado '.
El consultor no cree que detrás de los obstáculos haya un interés premeditado para entorpecer las importaciones, aunque sí se inscribe dentro del objetivo expreso del Gobierno de desplazar al sector privado, en este caso importador.
Las oficialistas sí fluyen
Las exigencias anteriormente mencionadas sólo aplican a los importadores privados. Las empresas oficiales, que representan al Estado importador, como Pdval (adscrita a Pdvsa) y Casa y Mercal (Minppal), cuentan con beneficios para traer alimentos de forma más expedita.
'Las empresas importadoras oficiales no tienen la obligación de pasar por Cadivi. Gozan de grandes ventajas con respecto a los privados después de la creación del convenio cambiario N° 1', explica Socias.
A este beneficio, agrega el economista, se le suma la promulgación del convenio número 11 del pasado 8 de enero, que determina que las importaciones de las empresas del Estado sean liquidadas con la tasa preferencial de Bs.F.2,60 por dólar.
Ante las dificultades para acceder a los dólares preferenciales, muchas empresas privadas dedicadas al negocio de la importación de alimentos optan por recurrir al mercado paralelo de divisas.
De acuerdo con una consulta en el sector, algunas compañías ni siquiera se han molestado en tocar las puertas del nuevo Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme), que administra desde principios de junio el Banco Central de Venezuela (BCV).
El presidente de Fedecámaras Vargas también asegura que el actual gobierno, convertido en 'el gran importador de alimentos del país, cuenta con una logística paralela que facilita sus operaciones'. Considera que no hay control por parte de las instancias encargadas de supervisar la entrada al país y su posterior distribución de esa mercancía.
Para consignar los documentos ante la taquilla única del Minppal, los importadores privados deben madrugar sólo tres días en horario restringido para poder acceder a un número, con el cual serán atendidos hacia el mediodía o en horas de la tarde. Los representantes de las empresas importadoras bolivarianas se ahorran estos trámites.
Algunos importadores se preguntan a voz baja si el escándalo a raíz del progresivo descubrimiento de casi 200 mil toneladas de comida descompuesta, almacenadas en contenedores en puertos del país, hubiese sido posible con un verdadero control de las autoridades. REGRESAR


Fecha publicada: 28/06/2010
Fuente: El Mundo
Tema: comida
Tags: Alimentos podridos


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