| Un negocio de 1000 millones de dólares. Ese es el monto en danza para recuperar el derruido sistema eléctrico de Venezuela por el que pugnan argentinos y brasileños, y cuyo primer tramo, por US$500 millones, desencadenó la polémica por la exclusión de dos firmas locales y el envío de un cable por la gestión 'paralela' del secretario privado del ministro Julio De Vido en Caracas. El monto lo estimó el gobierno del Presidente Hugo Chávez dentro del Primer Plan Socialista de la Nación, por el que se prometió, en el 2008, concluir '42 grandes proyectos estructurantes' antes del 2014 'para incrementar, en casi 40%, la capacidad instalada de generación eléctrica en el país'. La letra chica de ese plan, sin embargo, derivó en idas y venidas, y en la emisión de un decreto del sector eléctrico venezolano y el inicio, en febrero de este año, de las discusiones técnicas. Y el 20 de abril, la firma en Caracas de los convenios con la presidenta Cristina Kirchner, una semana después de que concluyera el encuentro de la Comisión Binacional de Alto Nivel (Coban). En ese convenio, cuya copia cotejó LA NACION, figuran varios programas de trabajo que la Corporación Eléctrica Nacional venezolana (Corpoelec) rubricó con firmas y entidades argentinas. Entre ellas, el 24°, con el Grupo de Suministros de Empresas Argentinas de Materiales y Equipamientos Eléctricos (Gesa). Ese grupo es, además, el que acompañó al asistente de De Vido y jefe de Ceremonial del Ministerio de Planificación Federal, José María Olazagasti, a la reunión que, una vez concluido el encuentro oficial de la Coban y antes de la cumbre presidencial, discutió en Caracas sobre los posibles negocios en danza. Durante esa reunión 'paralela', como la definió el subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la cancillería argentina, Eduardo Sigal, fue que Olazagasti decidió la 'exclusión' de dos firmas argentinas que no coordinaban con el equipo de De Vido, Hidro-Grubert y EMA SA. Junto a Olazagasti, según indicó el Ministerio de Planificación Federal mediante un comunicado, habría participado el director de Integración Latinoamericana de la Cancillería, el embajador Natalio Marcelo Jamer, así como también el segundo diplomático de la embajada en Caracas que encabeza Alicia Castro. Jamer también quedó bajo el fuego cruzado. Dentro de la Cancillería es visto como una persona afín al equipo de De Vido, algo que comenzó años atrás, cuando abogó por su ascenso en el escalafón diplomático el entonces titular del Organo Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, protagonista desde agosto del 2007 del escándalo de la valija que entró al país Guido Alejandro Antonini Wilson. 'Interés inusual' Desde el Ministerio de Planificación Federal retrucan, sin embargo, con comentarios maliciosos sobre lo que consideran un 'interés inusual' de Sigal por algunas empresas, en línea con la embajadora Castro. Y definen a Jamer como un profesional que promueve las exportaciones, fiel a sus orígenes en el área de Comercio Exterior, luego anexada a la Cancillería. Excluida de esa reunión en Caracas, pero con más de 16 años de exportaciones y más de 600 equipos vendidos a Venezuela, Hidro-Grubert deseaba competir por la venta al gobierno chavista de 1000 camiones dentro de una partida marco de US$120 millones. Ese monto millonario también abarcaba la adquisición de transformadores, conectores, tableros, cables y otros insumos para paliar la emergencia eléctrica venezolana, según reconstruyó LA NACION de tres fuentes empresariales. Operación dividida Hidro-Grubert no estaba en condiciones, sin embargo, de llevarse toda la orden de venta, ya que los 1000 camiones debían entregarse en cuatro meses. Por eso resultaba previsible que debería dividirse la operación con otra empresa argentina que también pugnaba por entrar en esa operación. La otra firma que quedó fuera de la reunión que lideró Olazagasti en Caracas, EMA SA, competía en otro rubro, con otras firmas argentinas, por otra partida de dinero. Vendedora de celdas de media tensión, uno de los rubros de menor relevancia en el megaprograma, EMA SA apuntó a un negocio potencial de US$30 millones, por el que debía competir con otras 2 o 3 firmas argentinas, según estimaron las fuentes empresariales consultadas por LA NACION. En nombre del gobierno de Venezuela, el programa lo firmó el director de Comercialización de Corpoelec, Javier Alvarado, a su vez viceministro de Energía Eléctrica y nombre repetido en los cables que Sigal intercambió con la embajada argentina en Venezuela a fines de junio pasado. Atento a la 'exclusión' dispuesta por Olazagasti y la queja subsiguiente de Hidro-Grubert y EMA SA, instruyó Sigal, 'esa embajada [por la que encabeza Castro] tendrá a bien insistir en la solicitud de reunión con el viceministro de Energía, Javier Alvarado, y los empresarios argentinos reclamantes, agradeciéndose el apoyo de esa representación'. Por el lado argentino, ese programa N° 24 con la Corpoelec, la firmaron representantes de Axión, Tadeo Czerweny, Electroingeniería ICSA, Vasile Cearca Conextube, Faraday SA, TAIT SA, CRAM-Avator-FAPA, y Arteche. Después de aquel planteo por escrito ante esa Subsecretaría de la Cancillería, Hidro-Grubert y EMA SA recuperaron algo del terreno perdido. A tal punto que una comitiva de Corpoelec visitó las instalaciones de, por lo menos, la primera firma y enviaron un informe técnico a Caracas. Están a la espera de las definiciones. Las cifras del proyecto US$1000 millones ✔ En dos tramos, es lo que se invertirá en el plan para recuperar el derruido sistema eléctrico venezolano. 42 Proyectos estructurales ✔ Son las obras de gran magnitud que anunció el gobierno de Chávez para cumplir ese objetivo. 40% Capacidad instalada Es lo que pretende aumentar Chávez, para terminar con la dura crisis que complica a su país. ✍ Hugo Alconada Mon La Nación REGRESAR |
