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Irene de Rodríguez se encontraba fuera del país cuando se enteró de que su propiedad había sido expropiada por el gobernador de Aragua, Rafael Isea. Uno de sus hijos le notificó que el 7 de junio, en un programa de radio y televisión, el mandatario local anunció que el edificio Don Antonio, propiedad de la familia desde hace 40 años, pasaría a manos del gobierno regional.
'Creo que el gobernador está siendo engañado en el caso', dijo Irene de Rodríguez, que heredó el edificio hace dos años luego del fallecimiento de su esposo, Eloy Rodríguez.
El edificio, de 2 pisos, consta de 14 apartamentos y 10 locales comerciales, está ubicado en la avenida Ayacucho con Bolívar, en el centro de Maracay, en una zona de acceso rápido a los sectores del oeste y sur de la ciudad.
La disputa sobre el inmueble comenzó hace tres años, después que los propietarios decidieron regular los cánones de arrendamiento de los apartamentos y locales comerciales ante la oficina de Inquilinato de la Alcaldía de Girardot.
Meses después, tres arrendatarios se negaron a cancelar los aumentos. 'La campaña que iniciaron siempre fue dirigida a adueñarse de algo que no les pertenece', contó Irene de Rodríguez. Su hija vivía en el edificio, del cual tuvo que mudarse luego que fuera víctima de agresiones verbales.
Quienes se negaban a cancelar el incremento fueron notificados por un tribunal que no les serían renovados sus contratos y gozaron de la prórroga de ley para que desocuparan el inmueble. El desalojo de unos apartamentos, avalado por el tribunal de ejecución y con presencia de fiscales, se convirtió luego en la razón para que el Gobierno regional justificara la expropiación.
'Convencieron al Estado de que somos los agresores, cuando realmente somos una familia trabajadora, que lucha por mantener el derecho a la propiedad privada', expresaron en el comunicado.
Por debajo del mercado. 'Mi esposo me lo dejó pensando en mi vejez, pues me mantengo con los alquileres', dijo Irene, y expresó que la decisión del aumento fue porque con lo que recibían no lograban costear el mantenimiento de toda la estructura.
La mayoría de los inquilinos tiene en el edificio entre 10 y 20 años. Para los apartamentos que miden entre 90 y 140 metros cuadrados, los alquileres variaban entre 150 y 400 bolívares mensuales.
Rodríguez aún no ha recibido el oficio que le notifica la medida que pesa sobre su propiedad. No sabe cuánto le van a pagar por el edificio, ya que no ha podido reunirse con el gobernador Isea. En la Procuraduría del estado, sólo le notifican que debe esperar por el avaluó que realizarán los peritos y que en un medio de comunicación nacional será publicado el edicto que anunciará de forma oficial de la expropiación.
Irene de Rodríguez se pregunta si una solución habitacional es expropiar un edificio de 14 apartamentos. REGRESAR |
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