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373.044. Ese es el número de casos de robos, hurtos, lesiones, secuestros, homicidios y violaciones que investigó el Ministerio Público a lo largo de 2009. Sin embargo, en apenas el 6% de esas causas (23.540) terminó solicitándole a los tribunales el enjuiciamiento de los presuntos autores de dichos delitos.

La información figura en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó semanas atrás a la Asamblea Nacional.

El reporte precisa que en más de la mitad de los casos, 213.962, los fiscales no encontraron evidencias para solicitar que fueran sentados en el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de los crímenes y, por eso, pidió su sobreseimiento (dejarlos libres).

De los más de 23 mil juicios que solicitó el año pasado, 11.976 concluyeron con sentencias, consiguiendo en el 91% de los casos condenar a los procesados, bien sea porque ellos aceptaron su responsabilidad o porque los jueces los enviaron a la cárcel ante la contundencia de las evidencias que en su contra exhibieron los funcionarios del Ministerio Público.

Precisamente para combatir el retardo procesal y mejorar la eficacia de la institución que dirige, Ortega Díaz puso en marcha a principios de esta semana dos nuevas fiscalías de juicio, con lo cual ya hay cuatro y precisó que los funcionarios que laborarán en esos despachos se encargarán solo de llevar los casos una vez que se haya concluido la investigación y se hayan presentado las conclusiones a los tribunales.

La fiscal general aseguró que en las dos oficinas piloto han arrojado resultados alentadores, tales como el hecho de que ninguna audiencia fue diferida por culpa del Ministerio Público y que en ninguna de las audiencias preliminares (donde se decide si se enjuicia a una persona o no) se declaró el sobreseimiento (el juez rechazó la acusación y dejó en libertad al señalado).

Esta semana Ortega Díaz anunció que para 2011 deberá haber una fiscalía de juicio en cada uno de los estados.

Contra la violencia de género

La fiscal general, en su informe, anunció que sigue formando y capacitando a sus subalternos en materia de violencia hacia la mujer e informó que el año pasado su despacho recibió casi 100 mil denuncias de agresiones machistas.

La mitad de esas quejas fueron tramitadas por los funcionarios del Ministerio Público, los cuales en 4.855 casos terminaron solicitando el enjuiciamiento de los presuntos atacantes. No obstante, los juzgados especializados solo se pronunciaron en 570 casos, aunque el 79% concluyeron con condenas, según el reporte.

Golpeando a los narcos

En su informe, Ortega Díaz también hizo mención de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y destacó el hecho de que en 2009 solicitó la apertura de 7.841 juicios por delitos relacionados con la producción, tráfico o comercio de sustancias ilegales.

De los casi 8 mil procesos, 5.101 fueron resueltos por los tribunales y de ellos 4.827; es decir el 94%, terminaron con los acusados tras las rejas.

La fiscal general, en su reporte al Parlamento, reveló que su despacho coordinó la incineración de 50 mil kilos de droga y que gracias a su actuación fueron incautados 44 aviones empleadas para el tráfico de estupefacientes, de un apartamento, vehículos y empresas.

Sobre este particular resaltó que solamente en los procesos seguidos contra el presunto jefe del Cartel de la Guajira, detenido en 2008; y miembros de la familia Makled el Estado se hizo con bienes con un valor estimado de 800 millones de bolívares.



Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL REGRESAR


Fecha publicada: 23/07/2010
Fuente: El Universal
Tema: leyes
Tags: Inseguridad en Venezuela, El caso de Walid Makled


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