Diputadas Neidy Rosal y Aura Montero seguirán investigando pese a las presiones
Durante 16 meses, las diputadas de Proyecto Venezuela al Consejo Legislativo de Carabobo, Neidy Rosal (de la Comisión Permanente de Contraloría), y Aura Montero (de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana), le han seguido la pista al tufo de las 140 mil toneladas de comida descompuesta localizadas en esta entidad en dicho lapso.
Ha habido presiones desde diferentes flancos para que no continúen con las indagaciones que comenzaron en marzo de 2009 en los patios y almacenes del puerto de Puerto Cabello.
Pero aunque el miedo es libre y ambas legisladoras manifiestan ser personas normales, con hijos y una familia que atender, enfatizan que es más fuerte aún el afán por aclarar la situación irregular originada en la red de Producción y Distribución Venezolana de Alimentos (Pdval), para que los responsables sean castigados, y sobre todo impedir que sus familiares al igual que miles de venezolanos consuman alimentos contaminados.
La primera denuncia en 2009
Recuerdan que la primera denuncia sobre los 30 contenedores de leche líquida descompuesta que se encontraba en la zona primaria del puerto fue hecha por el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, ante la Fiscalía General el 2 de abril de 2009 y le fue asignado el número de expediente 0398. Sin embargo, hasta la fecha solo hay tres detenidos, todos ex directivos de Pdval, por los casos denunciados.
"Se trataba de carga refrigerada que se descompuso debido a las fallas en el suministro eléctrico que con regularidad ocurren en la zona y al prolongado tiempo de almacenamiento; la leche se descompuso y la gente percibió el mal olor e hizo la denuncia. En esa ocasión acudimos como legisladores del estado a realizar una inspección y no nos dejaron entrar a las instalaciones del puerto que eran custodiadas por efectivos militares, previamente a la reversión de la Ley de Descentralización, que transfirió la administración del puerto al Gobierno central a través de "Bolivariana de Puertos", comentó la diputada Rosal.
Después de este primer hallazgo las diputadas comenzaron a recibir denuncias relacionadas con un exceso de mercancía (alimentos) declarada en "abandono legal". Explicaron que para que el Seniat haga dicha declaratoria se debe cumplir un lapso de tres días al término de los cuales, si no es reclamada, es considerada legalmente abandonada.
"Nos preguntamos por qué se declaraba esa mercancía legalmente abandonada en los patios si los productos eran de Pdval y eso se sabía porque en la página web del movimiento portuario el Seniat reportaba que eran alimentos traídos por Pdval", comentaron.
"Ese hallazgo ocurrió el 26 de febrero de 2010: eran 120 contenedores con 3.600 toneladas de pollo, carne de res, leche en polvo y bebidas carbonatadas en varios almacenes del puerto, y a nosotros nos dijeron que el Seniat reportaba que era mercancía legalmente abandonada, pero era de Pdval".
Trece días después, el 11 de marzo, las diputadas reportaron otro hallazgo en el almacén 4 de la aduana principal: 1.200 cajas de pasta, camarones y calamares (45,4 toneladas) en estado de descomposición.
"Nuevamente nos dirigimos al puerto y solicitamos una inspección pero nos fue negado el acceso. El 28 de marzo acudimos al despacho del presidente de Bolipuertos y nos atendió su secretaria quien nos informó que el presidente del organismo no nos podía atender y que el caso que queríamos exponerle estaba en manos de una comisión presidencial asignada para el manejo de mercancía legalmente abandonada".
El primer escándalo
Hasta marzo, las autoridades nacionales se limitaron a omitir las denuncias sobre comida descompuesta que habían hecho Rosal y Montero, pero el 27 de mayo de 2010 funcionarios del Sebin que investigaban el hurto de tres contenedores de leche de la zona primaria del puerto localizaron 1.200 contenedores con 36.000 toneladas de leche, azúcar, café, carne, arroz y pollo en mal estado pertenecientes a Pdval en la almacenadora Cealco, filial de Pdvsa.
Las diputadas consideran que el "escandalazo" que produjo este nuevo hallazgo fue factor primordial para que continuaran las denuncias que se hicieron posteriormente y que han arrojado lo que calificaron como "dantesco resultado" de 103.797 toneladas de comida descompuesta.
"La gente está tan indignada por lo que pasa con los alimentos en Pdval, que del mismo seno de los organismos del Estado es que nos llega la información, con pruebas incluidas, de lo que estamos denunciando".
Todo ello ha dado pie para que Rosal y Montero hayan consignado tres denuncias diferentes en torno al caso, dos ante la Fiscalía 13º del Ministerio Público del estado Carabobo, con fecha 2 de junio, expediente número 112-10 y 7 de julio de 2010 (ampliación de la denuncia), y otra ante la Fiscalía General de la República, el 21 de julio pasado, sobre 800 contenedores llenos de alimentos descompuestos que se encontraban desde agosto de 2009, en la Zona Industrial Las Hilanderías de Tinaquillo, Cojedes.
Refieren que cada denuncia contiene más elementos para la investigación (actas de movilización, inventarios) y aseguran que han certificado la veracidad de cada una de las pruebas consignadas. Adicionalmente a sus denuncias, solicitaron juicio penal por corrupción para los responsables. "Con esto activamos una de las grandes banderas enarboladas por el Gobierno nacional que es la creación del Poder Moral del que forman parte la Defensoría del Pueblo y los tribunales anticorrupción".
Alerta sanitaria
La semana pasada, ambas diputadas exigieron al Ministerio Público que ordene la incineración de alimentos dañados y la intervención de Pdval con la finalidad de proteger la salud de los venezolanos y que se castigue a los responsables en este escándalo de corrupción. Las legisladoras entregaron al director de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía, Nelson Mejías, las pruebas para sustentar sus denuncias.
Fueron consignadas facturas, listas de carga y documentos oficiales del Gobierno nacional para demostrar la venta de alimentos dañados, señaló Aura Montero. Muestra preocupación por la distribución de productos vencidos, pues en el caso de la leche, localizada en Tinaquillo, ha sido distribuida en los estados Portuguesa, Lara, Falcón, Zulia y Carabobo para el consumo humano.
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