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El Gobierno no dispone de recursos para homologar los contratos colectivos pendientes que amparan a 128.098 trabajadores con un costo anual de 11,1 millardos de bolívares, según el punto de cuenta de los ministerios del Trabajo y Planificación al presidente Hugo Chávez.
El texto del informe del 24 de febrero de 2010 y presentado por los titulares del Trabajo y de Planificación, María Cristina Iglesias y Jorge Giordani, respectivamente- indica que los acuerdos ya fueron suscritos por las partes, pero los organismos involucrados 'no disponen de los recursos económicos para cumplir los costos adicionales de la nueva convención colectiva, lo cual impide su homologación'.
Los contratos objeto del reporte corresponden al área de la Salud, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Ocimetalmecanica, filial de PDV Industrial, y Alucasa, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana.
La contratación que cubre más trabajadores y, por tanto cuesta más, es la del sector salud que incluye al Ministerio de Salud, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Ipasme, Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación.
El documento señala que tradicionalmente estos tres organismos discutían los contratos por separado y por gremios, pero la nueva política gubernamental es unificar todas las convenciones colectivas dispersas. Por ello, el nuevo contrato de la Salud cubre 117.157 trabajadores a un costo de 10,2 millardos de bolívares.
Sobre el contrato del Ministerio del Trabajo y sus organismos adscritos que entró en vigencia en diciembre de 2008 luego de 14 años sin discutir la contratación- el punto de cuenta refiere que no se ha ejecutado por la falta de recursos presupuestarios.
Se requieren 479,3 millones de bolívares anuales para honrar los compromisos con 6.765 trabajadores del ministerio y los institutos para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores, Incret, y Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Inpsasel.
El informe recomienda homologar los contratos, pero cancelar los beneficios a los trabajadores a partir de enero de 2010. Esto significa que no contarían los años anteriores -como consecuencia del vencimiento de normativas laborales- porque no se puede cumplir una deuda laboral tan enorme.
'El retardo está generando conflictos, sin embargo, autorizar su homologación sin que el ente u órgano tenga los recursos suficientes para honrar sus compromisos puede generar conflictos laborales de mayor magnitud', dice el documento.
Refiere que la mora electoral para legitimar las directivas de los sindicatos involucrados es una situación que puede atrasar la homologación de las convenciones colectivas pendientes. REGRESAR |
| Fecha publicada: 26/07/2010
Fuente: El Nacional
Tema: empleo
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