El Ejecutivo todavía no honra los acuerdos con desmejoras económicas- de la normativa laboral de la salud que discutió en 2008 con una organización oficialista. 'Con ese procedimiento, el Gobierno nivela hacia abajo a los trabajadores', afirmó Linerby Sánchez, directiva del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Salud.
La dirigente del Sunep-SAS informó que la estrategia es entrabar y atrasar la discusión de los contratos colectivos sectoriales para imponer normativas laborales unificadas.
Con respecto al punto de cuenta que presentaron los ministros de Planificación y del Trabajo el 24 de febrero al presidente Chávez- Sánchez indicó: 'Se dan los lineamientos para arrinconar los derechos de los trabajadores, lo cual rechazamos totalmente'.
Desde 2002, el Sunep-SAS fue excluido de las negociaciones de la contratación colectiva y de los reclamos contra despidos arbitrarios, persecuciones laborales e incumplimientos de cláusulas contractuales. 'Hemos introducido cinco proyectos de contrato y el Ministerio del Trabajo no los acepta alegando mora electoral', agregó.
Sunep-SAS llevó la queja a la Organización Internacional del Trabajo, la cual instó al Gobierno a respetar la organización sindical.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, señaló la falta de voluntad del Gobierno de cumplir sus compromisos laborales y discutir contratos colectivos vencidos hace años. 'Esto hace que los trabajadores de la administración pública tengan los peores salarios', dijo.
Según refiere el punto de cuenta de los ministros del Trabajo y de Planificación, María Cristina Iglesias y Jorge Giordani, la mora electoral aplica también para la oficialista Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Trabajadores de la Salud.
A la fecha los trabajadores de la salud no han percibido los beneficios de la normativa laboral suscrita entre la Fenasirtrasalud y el Ejecutivo en octubre de 2008, pero con efecto retroactivo a enero de ese año.
El punto de cuenta indica que el Gobierno no tiene recursos lo que fue rechazado por Sánchez- para homologar 5 contratos colectivos pendientes que amparan a 128.098 trabajadores con un costo anual de 11,1 millardos de bolívares.
Los contratos son de la Salud, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Ocimetalmecanica, filial de PDV Industrial, y Alucasa, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana.
La contratación más costosa es la del sector salud que incluye el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Ipasme, Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación.
El documento señala que tradicionalmente estos tres organismos discutían los contratos por separado y por gremios, pero la nueva política gubernamental es unificar todas las convenciones colectivas dispersas. Por ello, el nuevo contrato de la Salud cubre 117.157 trabajadores a un costo de 10,2 millardos de bolívares. REGRESAR |
