La reanudación de las relaciones entre Venezuela y Colombia trajo consigo de todo. Para los empresarios colombianos, quizás uno de los tópicos más importantes es que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) honre los pagos a los exportadores de ese país.
Sin embargo, con esta aspiración del empresariado colombiano, también relució un aspecto que hasta ahora había quedado olvidado o rezagado en el conflicto: la sobrefacturación de mercancía, las exportaciones ficticias o el conocido 'carrusel', como se identifica a esta práctica en el lado colombiano.
Pago con revisión
En este sentido, el recién nombrado presidente Juan Manuel Santos destacó en su discurso en Santa Marta (Colombia), que delegaría una comisión encargada de verificar 'el pago por parte de Venezuela a los exportadores colombianos'. Pero antes, eso sí, evaluar 'cuáles son deudas reales y cuáles son producto de la sobrefacturación'.
Vale recordar, que estas conductas pueden darse utilizando mecanismos como la sobrevaloración de bienes y servicios, el 'carrusel' y la alteración en las cantidades. Esto último se hace a través de las exportaciones, efectuando reintegros por un valor mayor a lo exportado.
Venezuela investiga
Funcionarios del Gobierno de Venezuela consideran pertinente la revisión de la deuda que Cadivi tiene con los exportadores colombianos.
La cuantificación de la acreencia es prioritaria, de acuerdo con lo que señaló extraoficialmente, una fuente vinculada al alto Gobierno venezolano.
Para la fecha, el monto de la deuda que según las cifras más conservadoras asciende a 786,3 millones de dólares está 'aliñado' con elementos como la sobrefacturación y 'las mafias que operan en los negocios comerciales entre Venezuela y Colombia.
'No podemos adelantar nada sobre los montos o formas de pago hasta tanto la comisión binacional que se acordó crear el pasado martes, revise bien la cuantía de la deuda', comentaron las fuentes.
Lupa colombiana
En 2008, la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en Colombia (Dian) detectó algunas operaciones sospechosas e inició una investigación a más de 460 empresas de todo el país.
Pero a la fecha, la investigación sólo ha tocado la puerta de 140 empresas. Dos años después que la Dian anunciara su revisión, ¿qué pasó con los resultados de las averiguaciones? ¿Dónde están los responsables o culpables?
Hasta ahora, la información específica a la que se tiene acceso es poca. ¿Por qué? ¿Dónde está la piedra de tranca?
El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el acto Legislativo 02 de 2003, en su artículo 1° consagra el derecho a la intimidad -hábeas data- y la inviolabilidad de documentos privados. Por ello, esta información no es considerada de dominio público.
La Corte Constitucional manifiesta que la información que suministran los contribuyentes, tanto en las declaraciones como en los registros tributarios, goza de especial protección constitucional y legal.
Este hecho obliga a la administración tributaria a garantizar su reserva. Ante un derecho de petición, la Dian respondió: 'Esta responsabilidad le impide a la administración la entrega de información individual de los contribuyentes o la publicación de información estadística general que comprometa a sectores o grupos de contribuyentes que, dado su escaso número o especificidad, puedan ser identificados, con la consiguiente violación del derecho a la intimidad'.
Ni masivo ni generalizado
Al economista Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, no le queda duda de que una parte importante de las exportaciones se sustentaban en la sobrefacturación: 'Ese aumento espectacular de una buena parte de las exportaciones colombianas a Venezuela no estaba en ingresos reales', afirma. 'No puedo decir qué porcentaje, pero se que era significativo'.
Sarmiento sostiene que 'las exportaciones no tradicionales daban un valor muy superior al peso en toneladas, 'lo cual es una clara evidencia de una irregularidad', afirmó.
Por su parte, Roberto Cajamarca, ex consejero económico de la Embajada de Colombia en Venezuela, quien fuera director económico de la Cámara Colombo-Venezolana, sentencia que no se trata de un 'un fenómeno masivo ni generalizado'.
Segun un estudio que realizó la Cámara durante su gestión, al comparar los precios por tonelada en los últimos años, se encontraron variaciones importantes, pirncipalmente en los sectores de confecciones y marroquinería.
Cúcuta: el centro de todo
En entrevista telefónica, el subdirector nacional de Fiscalización Aduanera, Iván Escobar Sánchez, dijo a El Mundo Economía y Negocios que la mayoría de las 140 empresas investigadas, son comercializadoras internacionales con operaciones instaladas en Cúcuta, departamento del Norte de Santander.
Según el funcionario, en la pesquisa se han encontrado problemas de tipo tributario con las certificados de las devoluciones del Impuesto de Valor Agregado.
'En el tema aduanero se verificaron si realmente corresponden a exportaciones o si son ficticias', sostiene el fun cionario, quien explica que han tenido problemas con la información de Venezuela. 'Creo que debido a los problemas políticos, no se ha informado de la realidad o existencia de esa actividad por parte de los importadores de ese país'.
Reuniones postergadas
La presidenta de la Cámara Colombo - Venezolana, Magdalena Pardo, asegura que hace un año se tenía previsto una reunión en ese sentido, 'pero por las relaciones de ambos países fue cancelada'.
Pardo considera que cada país, debió haber identificado los casos de sobrefacturación: 'Ya hay suficiente información para que el pago de las exportaciones se efectué en el corto plazo'.
Escobar Sánchez señaló que se han encontrado irregularidades en las exportaciones, y contrabando abierto de productos de tipo venezolano que están ingresando a los sitios de frontera, en especial por el Norte de Santander. De acuerdon con su denuncia, se trata de un mecanismo subsidiado por Venezuela. Entre los productos inmersos en esta trama comercial:: cemento, productos agropecuarios, repuestos e incluso, algunos medicamentos.
El funcionario de la Dian aseguró que pronto habrá sanciones en Colombia. La exportación ficticia está tipificada como delito en el Código Penal de Colombia. Y desde el punto de vista aduanero, afirma la Dian, la sanción será 'por incumplimiento de las obligaciones en los procedimientos'. La consecuencia: cancelar la autorización como comercializadora internacional a quienes incurran en esa actividad. REGRESAR |
