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Luz para la calle y oscuridad para la casa. El gobierno del presidente Hugo Chávez parece seguir al pie de la letra este refrán, pues mientras internamente critica que las organizaciones no gubernamentales que operan en el país reciban financiamiento del exterior y las acusa incluso, de traición a la patria por este motivo, simultáneamente destina millones de bolívares para apoyar a agrupaciones similares de los cinco continentes.
Meses atrás la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional para el Ministerio de Relaciones Exteriores por un monto de 15,8 millones de bolívares (6 millones de dólares al tipo de 2,6 reservado para alimentos, medicinas y operaciones de instituciones del Estado). Dichos fondos serían destinados a 'donaciones corrientes a instituciones sin fines de lucro' de países de Asia, Medio Oriente y Oceanía, según apareció publicado en la Gaceta Oficial número 39.418 del 5 de mayo.
Por esta razón, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) calificaron de 'contradictorio' que tanto desde el Ejecutivo como desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) soliciten al Ministerio Público investigarlos a ellos y a las demás agrupaciones civiles que han recibido fondos del extranjero.
'El Gobierno criminaliza a quienes recibimos cooperación internacional, aunque él mismo es un activo cooperante. El argumento de las autoridades es que quienes recibimos recursos foráneos nos convertimos en un apéndice de quien nos da los recursos, entonces eso equivaldría a decir que todas las organizaciones de América Latina, Europa, Asia y África que han recibido dinero del Gobierno venezolano hoy responden a él. Nosotros no creemos que sea así, y por eso rechazamos el intento de procesar penalmente a quienes abrieron la casas del ALBA en Perú', precisó Marino Alvarado, coordinador de Provea.
Para el activista de Derechos Humanos la nueva investigación que en su contra pidieron los candidatos oficialistas Jorge Amorín, Andreína Tarazón y Robert Serra revela la actitud 'antidemocrática' del Gobierno y sus seguidores, pues 'atacan a quienes mantenemos una actitud crítica frente a lo que consideramos aspectos negativos en materia de Derechos Humanos. Pareciera que solo quieren organizaciones afectas o que exalten lo bueno'.
En similares términos se pronunció la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien señaló que 'las descalificaciones, hostigamientos, jurisprudencia e investigaciones contra las organizaciones no gubernamentales lo que busca hacer es limitar su accionar'.
Por último, la experta defendió el rol de las agrupaciones civiles independientes: 'Si hubiéramos tenido que pedirle permiso a los gobiernos de turno jamás se hubiera conocido que fueron pescadores y no guerilleros quienes murieron en El Amparo o que los asesinados del Caracazo fueron enterrados en fosas comunes'. REGRESAR |
| Fecha publicada: 26/08/2010
Fuente: El Universal
Tema: gobierno
Tags: Los regalos de Chavez
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