La tozudez del Gobierno al pretender imponer un modelo marxista en Venezuela ha producido una de las situaciones de corrupción, peculado, negligencia, malversación, despilfarro, ineficiencia, más notables de la historia venezolana: 'Pudreval'. La importación y, luego, la pérdida de millones de kilos de comida constituye el más claro ejemplo de la falla de gobierno que suele aparecer cuando el Estado, y en particular el Gobierno, sin entes ni instituciones contraloras (ante una Asamblea oficialista y el resto de poderes fiscalizadores nombrados directa o indirectamente por el Presidente) tienen como meta poner sus garras sobre la renta petrolera y los ingresos fiscales. Obviamente, el objetivo nunca fue llevar alimentos al pueblo. Sin poderes independientes, responsables y defensores de los venezolanos, y no de una persona, se reducen los incentivos para proteger los dineros públicos dando pasos alicientes a favor de la repartición de coimas, comisiones, sobornos y dólares, en un país donde estos constituyen un bien escaso.
El sector alimentos debe y puede ser desarrollado en su totalidad por privados, con la bondad de que si un privado compromete su dinero en importar alimentos que no llegan al país o se pudren, será su dinero el perdido y no el de los venezolanos. Los alimentos comercializados por el socialismo del siglo XXI en Mercal, 'Pudreval' y Biceabastos, pueden ser los más caros del mundo. No nos dejemos engañar: el precio subsidiado no es lo que ha pagado la nación, sino el costo, los precios, las comisiones, las coimas, etc., que ha pagado Venezuela por millones de kilos de comida perdida, podrida o 'disconforme'.
La soberanía alimentaria tiene que empezar por un aparato productivo privado agrícola y agroindustrial fuerte y en crecimiento. La actual gestión de gobierno ha puesto a depender el nivel de alimentación de los venezolanos de los precios del petróleo, de las disponibilidades de divisas y de la mermada capacidad de generar rentas por parte de la estatal petrolera. Los escasos dólares con los que cuenta la nación están siendo utilizados para destruir la soberanía alimentaria y subordinar al exterior el sustento mínimo alimentario del país.
Resulta sorprendente que siendo el Estado el principal generador de divisas, estas últimas no estén siendo utilizadas para potenciar el crecimiento económico que garantice la recreación material de las condiciones de vida de los venezolanos, la generación de empleos sostenibles y la creación de riqueza. Además, las divisas -dada la destrucción de la capacidad de autoaprovisionamiento de alimentos- no alcanzan para la importación de bienes intermedios, maquinarias, repuestos, y bienes finales, que no son producidos en Venezuela, y que ante el clima de ataque a la propiedad privada y la opacidad de la propiedad industrial, difícilmente desarrollaremos en el país.
Sectores industriales con altísima incidencia positiva sobre el PIB han estado siendo marginados en el otorgamiento de divisas, no solo para la adquisición de material productivo, sino también para remunerar y repatriar dividendos que son la razón de ser de estas organizaciones generadoras de empleo, inversiones, valor agregado y riqueza.
Ante este escenario, Venezuela requiere una Asamblea Nacional responsable que represente a los venezolanos y no al jefe del Ejecutivo. La Asamblea no solo debe reivindicar su función contralora, sino igualmente su labor legislativa, realizando un esfuerzo por derogar las normativas que obstaculizan la inversión, la generación de empresas y puestos de trabajo, y que constituyen barreras administrativas que 'enlentecen' la actividad económica y la producción de riqueza.
Solo una Asamblea diametralmente distinta a la actual puede retomar labores de análisis coste-beneficio de las normativas y leyes, previas a su aprobación. La mayoría de las leyes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea y aprobadas por esta última, de carácter marxista-comunista, carecieron de una verdadera discusión pública en contraposición al montaje escenográfico del mal llamado 'parlamentarismo de calle'; tampoco contaron con los respectivos análisis coste-beneficio regulatorio que permitan valorar el impacto global de las mismas. La mayoría de ellas -Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de Pesca, etc.,- tienden a lesionar a la sociedad en su conjunto, cuando menos en el mediano y largo plazo. REGRESAR |