La venta de armas por parte de empresas particulares, conocidas como armerías, quedará prohibida con la aprobación de la Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones, que la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar antes del 26 de septiembre, según lo declarado por el diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Defensa.
Para el año 1999 existían en Venezuela más de 4 mil armerias.
'Se prohibe la comercialización de armas y municiones de una manera efectiva', señaló Mendoza, teniendo frente a sí el artículo 16 del citado proyecto: 'la fabricación, importación, exportación y comercialización de las armas, sus partes, repuestos y accesorios y de las municiones deben realizarse por medio de las empresas públicas vinculadas a la industria militar venezolana'.
Tal prohibición va a tono con el planteamiento general del proyecto de ley, cual es, un desarme general, y que Mendoza explicó así: 'el fin último de todo esto es que el monopolio de las armas esté en manos exclusivas del Estado venezolano y no precisamente de particulares'.
Se prevé suspender por tres años todos los portes de armas que posea la población civil, explicó Mendoza, quien agregó que suben de 18 a 25 años la edad para tramitar tal documento.
El artículo 55 del proyecto es el único que alude a la delincuencia organizada, a cuyos integrantes le será aumentada en una tercera parte la pena de 18 años, que se aplica cuando sean procesados por comerciar, importar, exportar o transportar armas de fuego.
El proyecto contempla multas de 200 a 300 unidades tributarias para los funcionarios policiales que porten el arma de reglamento fuera de su desempeño. REGRESAR |
