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La Procuraduría General de Colombia reveló que la senadora Piedad Córdoba utilizó los procesos de liberación de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para favorecer políticamente al presidente venezolano Hugo Chávez.
Este señalamiento surge del fallo emitido el 27 de septiembre por el procurador Alejandro Ordóñez, en el que se ordena la inhabilitación de la parlamentaria liberal.
Córdoba fue sancionada por seis comportamientos que, a juicio de Ordóñez, corroboraban su relación con el grupo armado, más allá de las tareas que implicaban su mediación para la liberación de un grupo de plagiados, en 2007.
El fallo de 141 páginas se basa en su mayor parte en datos obtenidos de las computadoras de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, quien fue el encargado de las relaciones internacionales de las FARC.
Reyes murió el 1 de marzo durante un ataque efectuado por fuerzas militares colombianas a un campamento ubicado en territorio ecuatoriano.
Ordóñez indicó que Córdoba instruyó a las FARC y "solicitó que se suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países, en el presente caso para favorecer los intereses políticos del señor Presidente de la República de Venezuela".
La base de esta imputación es un correo electrónico enviado por Devia al Secretariado de la organización, el 6 de septiembre de 2007. El texto señala que Chávez "está decidido a emplear todas sus fuerzas en el objetivo del canje, y promoverlo en sus canales de comunicación". A cambio, Córdoba obtendría un "empuje" del mandatario venezolano para aspirar a la presidencia en los comicios de 2010.
Otro correo recibido por Devia el 11 de diciembre de 2007, señala que Córdoba conversó con uno de los líderes del bloque Oriental de las FARC. En ese diálogo ella sostuvo que había "que soltar algo, y entregárselo a Chávez en la frontera". Pero en este caso no se podía liberar a la ex candidata Ingrid Betancourt.
Los nombres de los cautivos no se mencionan en el documento, pero por las fechas se trataría de Clara Rojas y Consuelo González, quienes finalmente fueron entregadas a una misión venezolana en enero de 2008.
El proceso administrativo contra Córdoba también tomó en cuenta el manejo que ella supuestamente le dio a una colaboración por 100 millones de dólares, aportados por el gobierno venezolano, que la senadora administraría para "obras sociales" en Antioquia.
En un correo entre Devia y el máximo líder de las FARC, Pedro Marín, alias Manuel Marulanda, el 23 de septiembre de 2007, se indica que Córdoba habría conversado al respecto con Devia, en términos confidenciales.
En esa oportunidad, Devia concluyó que si Córdoba pudo obtener semejante cantidad, ellos podrían hacerse con otros 250 millones de dólares.
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