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El diario español “El Mundo” acusa, en su edición de este viernes, al Gobierno de Zapatero de debilidad ante Hugo Chávez. Y parte de la razón lo sería la negociación de un contrato militar.
Este es su editorial:
LA ÚLTIMA petición del Ministerio de Asuntos Exteriores a Hugo Chávez, instándole a que emprenda «acciones inmediatas, concretas y específicas» contra Arturo Cubillas, el alto funcionario venezolano investigado por la Audiencia Nacional por entrenar a terroristas de ETA, revela que hay un cierto cambio de actitud en el Gobierno español en este asunto. Al menos ha endurecido el tono. El propio Zapatero ha querido mostrar mayor firmeza al asegurar que va a conseguir la extradición de los etarras que residen en el país caribeño: «Les vamos a traer», sentenció el miércoles.
Sin embargo, ha llegado el momento de que el Ejecutivo español pase de las palabras a los hechos. Hace ya siete meses que la Audiencia Nacional dictó una orden de detención y extradición de Cubillas a la que las autoridades venezolanas han hecho, en la práctica, oídos sordos. A lo más que se han comprometido esta semana es a investigar las actividades de Cubillas. Se trata de un paripé, porque es obvio que el régimen de Chávez conoce perfectamente todo sobre este etarra, que huyó a Caracas en los 80, que trabaja para la Administración venezolana desde hace cinco años y que además está casado con la portavoz y mano derecha del vicepresidente del país.
En España, la Justicia ya ha reunido información suficiente para procesar a Cubillas. Y los testimonios sobre el amparo que Chávez da tanto a él como a la propia ETA se amontonan sobre la mesa. Hoy publicamos el testimonio de Marcos Ferreira, ex director de Identificación y Extranjería de Venezuela, que recuerda que él mismo denunció en 2002 «con pruebas en la mano» la colaboración entre las FARC y ETA en territorio venezolano, pese a lo cual el Gobierno hizo la vista gorda. «Chávez va a hacer todo lo posible por proteger a Cubillas», advierte Ferreira.
También reproducimos el contenido de una carta dirigida a Chávez por uno de los testigos citado por la Audiencia Nacional, ex embajador de Venezuela en la ONU, donde se afirma que Cubillas «goza» de la «protección personal» del presidente bolivariano.
Seguramente la clave que explica la tibieza del Gobierno español hacia la posición de Venezuela en este asunto la aportamos también hoy en nuestras páginas. Hay en juego miles de millones de euros. Tras la reciente venta de patrulleras, ahora mismo está negociándose una nueva venta de barcos de guerra a Caracas, e incluso la posibilidad de crear una empresa mixta con Navantia.
Resulta inconcebible que España se plantee siquiera compartir tecnología militar con un país sobre el que hay fundadas sospechas de que sirve de campo de entrenamiento a ETA. Además, el Gobierno debe ser consciente de que Chávez busca armarse para intimidar a sus vecinos en la región y convertirse en una potencia capaz de exportar la revolución bolivariana. En cualquier caso, lo que no puede consentirse es que el Ejecutivo español supedite la lucha contra el terrorismo a la consecución de un negocio, por muy beneficioso que éste sea.
La imagen de debilidad que ha venido ofreciendo el Gobierno ante Venezuela debe acabar ya. Las palabras del embajador en las que sugería que los etarras que confesaron haberse entrenado en su país fueron torturados ha dado munición al entorno de la banda, que ayer inició una campaña contra la Guardia Civil acusándola de no respetar los derechos humanos de los detenidos.
El serio trabajo de la Audiencia Nacional está dejando a Chávez sin argumentos en su enroque para no entregar a Cubillas. Pero al mismo tiempo empieza a descubrir los graves errores del Gobierno español, que está obligado a rectificar, también, en este caso.
Este es el artículo de portada del diario:
Una cosa es la protesta política del Gobierno por el descontrol de ETA en Venezuela y otra son los negocios del Estado para mejorar las cuentas públicas y el empleo. España ha ofrecido al país latinoamericano un gran contrato naval militar para reforzar la cartera de pedidos de los astilleros públicos y los ingresos del grupo estatal Navantia.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está dispuesto a negociar, pero propone que los dos países se asocien en la industria naval y pide transferencia de tecnología para renovar su Armada y modernizar sus astilleros.
Así lo constataron el pasado miércoles, en una reunión en la Diputación de Cádiz, el presidente de la empresa estatal española Navantia, Aurelio Martínez, y el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, recién llegado de Venezuela. Los astilleros gaditanos serían los más beneficiados por este aumento de carga de trabajo.
El presidente de la empresa estatal Navantia aseguró a la prensa local que, de momento, ha presentado una oferta comercial a Venezuela para ampliar el supercontrato de 2005. Se trata del polémico pedido conseguido por el entonces ministro de Defensa, José Bono, para fabricar en los astilleros públicos españoles cuatro buques de vigilancia oceánica y otros cuatro de vigilancia litoral. Se valoró en 1.200 millones de euros y representó una carga de trabajo clave para Navantia y su industria auxiliar de cinco millones de horas.
Martínez se mostró optimista en conseguirlo, aunque no de forma inmediata. Fue prudente y apuntó que primero es necesario «quedar bien» con Venezuela y completar a tiempo los pedidos ya realizados, que finalizan en julio de 2011.
El presidente de Navantia ha solicitado una entrevista con el presidente Chávez para impulsar la oferta, pero éste ha hecho saber que él no recibe a empresarios, aunque sean del sector público, sino a ministros. Así se lo han transmitido altos cargos de la Administración venezolana al alcalde de Puerto Real, que transmitió ayer a su vez el mensaje al presidente de Navantia.
El MundoBarroso, de Izquierda Unida, se desplazó el pasado mes a Caracas invitado por el partido de Chávez y se está empleando a fondo. El alcalde aseguró a Martínez que hay buena disposición por su oferta comercial, pero que, en realidad, Chávez pretende otro tipo de acuerdo.
«Venezuela no quiere ser mero comprador de material militar español porque no es una colonia de España; aspira a que los dos estados se asocien para formar una empresa naval conjunta en la que todos saldrían ganando, porque Venezuela, que dispone de muchos recursos, no tiene la tecnología de Navantia para fabricar buques militares y civiles de alto valor añadido ni unos astilleros potentes», explicó Barroso a este diario.
El alcalde asegura que Navantia considera «razonable» esta contrapropuesta venezolana y que será presentada al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para obtener el respaldo político que requiere la operación.
El problema es que toda negociación militar e incluso comercial con Venezuela es incómoda para el Gobierno español.
«Estúpidos yanquis, nos seguiremos equipando», proclamó Chávez, por ejemplo, el pasado 9 de abril al recibir de Navantia uno de los buques. «Llegó la revolución bolivariana y hemos roto el yugo imperial, sépanlo los yanquis y los pitiyanquis. Venezuela, cueste lo que nos cueste, mas nunca será esclava de nadie», proclamó Chávez ante el desfile militar, durante el acto de recibimiento del buque patrullero del litoral AB Guaicamacuto (GC-21), de fabricación española. «No tiene bombas atómicas, no sea que vaya a ser que invente alguien por ahí que tenemos unos misiles atómicos que me mandó de regalo el Rey de España. No; tiene su armamento de defensa porque es un buque militar», dijo sobre la embarcación. El presidente de Venezuela se manifestó así, porque el Departamento de Estado de EEUU continúa criticando la venta de material militar a ese país. De hecho, el ex ministro Bono no pudo concretar otro contrato de aviones militares porque la Casa Blanca lo vetó al incluir tecnología estadounidenses en los aparatos fabricados por EADS-Casa.
Tanto la Administración del anterior presidente de Estado Unidos, George W. Bush, como la actual de Barack Obama se han mostrado en contra de que los países occidentales suministren armamento a Venezuela porque consideran que podría alterar el equilibrio regional. El Gobierno colombiano también protestó en 2005 por el contrato firmado por Bono.
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