La Asamblea Nacional acelerará, en los próximos días, la consulta de seis proyectos de ley, cuyo fin es acabar con el Estado actual y sustituirlo por uno 'socialista', lo que generará tensión entre el oficialismo y la oposición.
Las discusiones promovidas por diputados del PSUV se realizarán en la calle y no solamente en el Palacio Federal, sede del Parlamento, para así sancionar las leyes antes de enero de 2011.
El de la ley de propiedad social es, quizá, el proyecto más controversial, porque concibe nuevas relaciones sociales y destruye instituciones para instaurar otras. Por ejemplo, el texto, que consta de 51 artículos, una disposición derogatoria, 2 transitorias y una final, reivindica la 'planificación centralizada' y crea 7 instancias:
1) Un 'registro de propiedad social' (artículo 5) que permitirá al Gobierno otorgar y protocolizar 'la personalidad jurídica de las entidades productivas'. Por ahora, existen la compañía anónima, sociedad anónima y las cooperativas.
2) Un consejo central de planificación de la economía socialista, integrado por 11 ministros, 2 diputados, un vocero del poder popular, un indígena, un gobernador, un alcalde (artículos 22, 23, 24 y 25). Una de sus atribuciones es hacer un inventario de bienes y recursos constitutivos pertenecientes al Estado o a la propiedad privada, 'con posibilidades de constituirse en medios de producción, susceptibles de ser declarados de propiedad social'.
3) El fondo intergubernamental para la economía socialista, FIES (artículo 26), que reemplazará al Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Fides.
4) Los fondos de bienestar y desarrollo comunal para el financiamiento de proyectos que se alimentarán de los aportes de las empresas socialistas (artículo 12).
5) Un fondo de cogestión que administrará acciones en caja social de las empresas socialistas (artículo 12).
6) Un sistema de información para el desarrollo de la economía socialista o data de fondos para las unidades productivas socialistas (artículo 33).
7) Un fondo nacional para la economía socialista (artículo 14).
Adicionalmente, se proponen otras estructuras para la vigilancia y el control de las empresas socialistas, como unidades productivas socialistas y la red de comisarios de la producción socialista.
Propiedad condicionada.
En el país existirían nueve tipos de propiedad si el Parlamento aprueba el proyecto de ley de propiedad social.
La norma establece cuatro nuevas modalidades de propiedad: indirecta (medios pertenecientes a 'ciudadanía nacional', administrados por el Estado); delegada (unidades transferidas a comunidades organizadas); directa (empresas de producción social conducidas por un colectivo), y mixta (de naturaleza pública y privada).
Éstas se sumarían a los tipos de propiedad ya existentes: la pública (perteneciente a los entes del Estado), colectiva (de grupos o personas), mixta (sector público, social, colectivo y privado) y privada (personas naturales o jurídicas). Sin embargo, todas estas modalidades estarían bajo vigilancia del Estado.
El artículo 9, sobre orden público, utilidad pública e interés social, advierte: 'Pudiéndose declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población'.
Incluso, otorga al Gobierno la adquisición forzosa de bienes 'que no se correspondan con el modelo socioproductivo'.
La Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento es la encargada de redactar los proyectos que conciben un estado comunal y un modo de producción socialista no contemplado en la Constitución.
'Es un Estado dentro de otro Estado, lo que vulnera la Constitución. Los proyectos contienen un sesgo ideológico: el socialismo. El fin es instaurar una sociedad socialista; desmontar el capitalismo. Fueron elaboradas en las gestiones de Darío Vivas, Alfredo Murga y continuadas por Ulises Dall, como presidentes de la Comisión de Participación Ciudadana', señalaron en el Parlamento. REGRESAR |
