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Todas las encuestas son contestes. El principal problema del venezolano es la inseguridad, y esto es en todos los estratos sociales, pues si bien hay realidades distintas, todos sufrimos del exceso de violencia, de impunidad y de inseguridad jurídica. Desde hace un buen tiempo hemos visto la proliferación de delitos graves como el secuestro y los asesinatos. La vida ha perdido su valor, y ni hablar de la propiedad.
Dentro de las modalidades delictuales más frecuentes encontramos el robo de teléfonos celulares. Es difícil encontrar a alguien que no tenga un conocido a quien no le hayan robado su celular, y en muchas ocasiones con riesgo de perder la vida. Esto es trascendente en un país donde hay más líneas telefónicas que gente, y donde una marca de teléfonos ha encontrado aquí uno de los nichos comerciales más importante.
Aparte de culpar a los encargados de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y control y prevención del delito, creo que las empresas telefónicas podrían poner más de su empeño para evitar la proliferación de esta conducta delictual. En el estado actual de la tecnología, no es posible que un teléfono robado pueda seguir siendo utilizado por quien se aprovecha del delito.
Es indispensable diseñar e implementar mecanismos que impidan que los antisociales saquen provecho de este tipo de delitos. Las víctimas deben disponer de procedimientos ágiles e inmediatos que permitan el bloqueo e inutilización del equipo, pues la tecnología debe aprovecharse en positivo. Desestimulando esta conducta podremos reducir su frecuencia, amén de la imposición de sanciones de los responsables.
Estado y particulares deben ponerse de acuerdo en la implementación de estos mecanismos de prevención delictual. No todo puede ser lucro, y si las empresas telefónicas están conscientes de esta realidad, deben poner un mayor empeño en buscar soluciones efectivas. Este tema debe manejarse con seriedad y eficiencia, pues las vidas de muchos están expuestas a diario.
No vivimos épocas de consenso o armonía entre Gobierno y empresa privada. Aquél prefiere imponer y ordenar, muchas veces sin dialogar. Pero este problema debe ser un ejemplo de coordinación y mutua colaboración, pero es indispensable no dar más largas a este asunto. Obviamente la respuesta no puede ser una expropiación, sino más bien la autorregulación. El Estado debe exigirle a las empresas responsables que implementen un mecanismo destinado a desestimular el robo de celulares y debe prestar toda la colaboración en su perfeccionamiento. Basta de asumir esto como un costo natural de vivir en Venezuela. REGRESAR |
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