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La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) elaboró un documento donde presenta sus observaciones a la Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda, que será llevada mañana a segunda discusión.
El escrito sintetiza la aspiración clara del gremio inmobiliario para que se establezcan 'reglas claras y precisas para la participación del sector privado en la construcción de viviendas'. En primer término, recomiendan a los legisladores que aclaren más y precisen lo que se denominará terrenos ociosos y subutilizados.
En este sentido, la CIV propone que se establezca un plazo mínimo de dos años a partir de la promulgación de la ley para que los constructores empiecen la ejecución de las obras en aquellos terrenos señalados para la construcción. En caso contrario, de no iniciarse la ejecución en este plazo, entonces que se proceda a declarar el terreno ocioso.
A los efectos de que el empresario constructor pueda empezar en ese lapso la edificación de viviendas, la Cámara solicita que se agilicen los permisos que deben otorgar los entes oficiales para iniciar la ejecución de las obras.
En el documento, la Cámara Inmobiliaria recomienda que se cree una instancia que garantice los insumos y materiales de construcción a los empresarios privados. Y que en esta misma instancia se puedan consignar reclamos y denuncias por sobreprecio en materiales regulados.
También plantean que se permita incluir una prórroga para la culminación de la obra cuando la causa de retraso sea la escasez y desabastecimiento de materiales de construcción.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana Ulises Daal dijo que la ley abrirá 'una serie de mecanismos que acelerarán la posibilidad de desarrollar un plan masivo de construcción de viviendas en tierras ociosas o subutilizadas, en beneficio de aquellas familias de escasos recursos y que están en situación de riesgo'. REGRESAR |
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