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La Mesa de Unidad expresó este viernes su rechazo hacia la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), por considerar que se trata de "una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos de este país".
La afirmación fue hecha por Andrés Cañizález, miembro del equipo técnico de MUD, quien insistió que la modificación "pretende ampliar el carácter sancionatorio contra medios de radio y televisión, incluye a los servicios de Internet y redes sociales, y aumenta el papel discrecional del Estado para aplicar las sanciones".
"La reforma de la Ley Resorte se inscribe dentro de una lógica que busca cercenar la pluralidad informativa y de opiniones, como parte de la política por consolidar una hegemonía comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez", agregó.
Cañizález aseguró que el responsable de este cambio sería el nuevo ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra.
El vocero de la Unidad Democrática advirtió que con la reforma aumenta el carácter punitivo de esta Ley con multas desproporcionadas, "que de aplicarse significarían el cierre de muchos medios radioeléctricos y digitales"; se incrementan las causales para el cierre y se añaden nuevas razones para el castigo por la emisión de contenidos con una franja de mayor discrecionalidad.
"La reforma de la Ley Resorte introduce como faltas aquellas emisiones en las cuales se 'conlleve al irrespeto de las instituciones y zozobra' o la 'inducción al magnicidio' (...) Las normas que regulen a los medios deben evitar la imprecisión y recortar el margen de interpretación de los funcionarios, para justamente garantizar un vigoroso flujo de opiniones e informaciones", dijo Cañizález.
Desmontó el argumento que esgrimen el Gobierno y los parlamentarios oficialistas, de protección a la infancia y adolescencia, al citar el artículo 29 en el cual, aseguró, está "la verdadera intención de la reforma".
En este apartado se inscriben "las sanciones más severas" - cierre de 72 horas o cierre definitivo por reincidencia, o multa equivalente a 10% de los ingresos brutos del medio - a los mensajes que pudieran ser contrarios a la seguridad de la nación, propaganda de guerra, manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público, destinados a desconocer las autoridades, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos, inducir al magnicidio, o anónimos".
Argumentó que las causas de cierre de un medio "pueden tener una interpretación política debido a su ambigüedad". Aseveró que la aplicación de la ley está en manos de órganos dependientes del poder ejecutivo y no de órganos independientes, que puedan actuar con autonomía frente a las presiones políticas del Gobierno.
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