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El Comité para la Protección de los Periodistas considera que la Asamblea Nacional debe rechazar las reformas que, a su juicio, provocarán un serio deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. Destacan que estas nuevas leyes buscan regular contenidos de internet y podrían dejar fuera del aire a Globovisión. "Rechazamos categóricamente estas reformas que representan otro intento del Presidente Chávez de coartar la libertad de prensa y controlar el flujo informativo", señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.
Lea el comunicado a continuación:
La Asamblea Nacional debe rechazar reformas que provocarán un serio deterioro de la libertad de expresión, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy. Legislación que regularía contenidos de Internet y que podría dejar fuera del aire a la cadena Globovisión serán debatidos esta semana por la legislatura venezolana.
El jueves, el Vicepresidente Elías Jaua presentó un proyecto para reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada en 2004 que extendería regulaciones de radio y televisión a la Internet, según una copia del proyecto analizada por el CPJ. El proyecto propone restringir acceso a sitios Web si se encuentra que distribuyen contenidos que incitan a la violencia contra el Presidente Hugo Chávez, ofenden a funcionarios públicos, provocan pánico o desorden social o atacan las “buenas costumbres”, sin especificar a que se refiere.
El proyecto también limitaría contenidos en los medios electrónicos según el
horario, con contenido adulto reservado para la programación después de la
medianoche, incluyendo violencia, contenido sexual y hasta telenovelas. Eso
incluye imágenes de violencia.
“Rechazamos categóricamente estas reformas que representan otro intento del
Presidente Chávez de coartar la libertad de prensa y controlar el flujo
informativo”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las
Américas del CPJ. “Instamos a la Asamblea Nacional a ignorar las reformas
propuestas que ridiculizarían el compromiso con la libertad de expresión
expresado por Venezuela”.
La ley de responsabilidad social, promulgada en 2004, ha recibido numerosas críticas por contener restricciones vagas y generales a la libre expresión. El Artículo 29, por ejemplo, prohíbe que los prestadores de servicios de radio y televisión difundan mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público” o “sean contrarios a la seguridad de la Nación”. La investigación del CPJ indica que radios y televisoras venezolanas han cancelado programas críticos para cumplir con las regulaciones impuestas por la ley.
Mientras que los legisladores del oficialismo señalaron que la reforma está dirigda a proteger la moral y el honor de los ciudadanos, según Reuters, los críticos aseguran que la medida limitaría la libertad en Internet. Según la propuesta de reforma, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la agencia regulatoria, podría ordenar a los servicios proveedores de Internet a restringir acceso a sitios Web en sus servidores.
“Esto está dirigido a controlar las páginas Web donde se hacen comentarios críticos sobre el gobierno”, declaró Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional de Caracas.
Otro proyecto bajo consideración de la Asamblea Nacional reformaría la ley de telecomunicaciones y obligaría a Globovisión, la única televisora crítica del país, a permanecer fuera del aire, según denuncia la cadena televisiva en una carta pública a la legislatura. El proyecto, revisado por el CPJ, obligaría a los dueños de las radios y televisoras a volver a registraron ante CONATEL en persona. Si no cumplieran con está cláusula perderían de inmediato la licencia, según el proyecto. Globovisión sostuvo que el proyecto está diseñado para quitarle la concesión.
Globovisión, conocida por sus puntos de vistas fuertemente críticos del
gobierno, es la única cadena crítica en Venezuela desde que RCTV salió del
aire de investigaciones motivadas políticamente y su presidente, Guillermo Zuloaga, salió del país en junio luego de que las autoridades emitieran una orden de arresto en su contra. Zuloaga, que es propietario de varias agencias de
automóviles, fue acusado de usura y conspiración en el caso de las agencias.
Ha negado cualquier ilícito y sostiene que las acusaciones fueron fabricadas
como un pretexto para cerrar Globovisión. Ana Cristina Núñez, abogada de
Globovisión, indicó que será imposible que Zuloaga se haga presente dado su
estado legal y que no tiene planes para regresar a Venezuela.
La semana pasada, el gobierno anunció que había adquirido el 20 por ciento
de las acciones de Globovisión luego de completar su absorción del Banco
Federal, una entidad cuyo presidente, Nelson Mezerhane, controlaba una parte
minoritaria de la televisora crítica. Las autoridades tomaron el control del
Banco Federal en 2010 alegando problemas financieros e irregularidades.
Enfrentando un procesamiento, Mezerhane también abandonó el país este año.
Globovisión insistió en que la movida oficial no alterará su línea
editorial.
Los aliados de Chávez están intentando pasar varios proyectos de ley antes
del 5 de enero cuando una nueva legislatura toma posesión, según informes de
prensa. El partido oficial ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones
legislativas de septiembre. La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo hoy
una ley habilitante que otorgaría a Chávez poder para gobernar por decreto
durante 12 meses. El presidente venezolano sostiene que está buscando esos
poderes para asistir a víctimas de inundaciones masivas, pero sus críticos
sostienen que es una jugada para avanzar con su agenda política.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
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