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Aprobar una ley habilitante por un lapso menor a un mes no tiene sentido, advierten los constitucionalistas Ricardo Combellas y Rafael Chavero, que dan por descontado que las facultades para legislar que la Asamblea Nacional está dispuesta a conceder al presidente Hugo Chávez se extenderán hasta la nueva legislatura que se instala el próximo 5 de enero.
Combellas razona que la habilitación que apruebe esta Asamblea Nacional necesariamente debe ser revisada, bien sea para su ratificación o para su revocatoria, por los 165 diputados electos el 26 de septiembre pasado.
'Tan pronto asuman sus cargos debe abrirse un debate sobre la vigencia de la habilitante. Si esa discusión no se da y persiste la incertidumbre sobre el efectivo alcance de la labor legislativa de los nuevos parlamentarios, estos quedarían atados de manos y se estaría burlando la voluntad popular expresada a través del sufragio. Sería un fraude, un abuso de autoridad que dejaría en entredicho la democracia misma', insiste el corredactor de la Constitución.
Combellas no pierde de vista que la ratificación de la habilitación al jefe del Estado requiere el voto favorable de las 3 quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional; es decir, 99 diputados. El oficialismo perdió esa mayoría el 26-S, pero la oposición tampoco la tiene. La posibilidad de acuerdo sobre la habilitante en la nueva legislatura es remota.
El constituyente dice que habría que esperar el contenido y el lapso de la habilitación. Sin embargo, admite que la Constitución no establece límites en cuanto a las materias y el tiempo por el cual el Presidente puede legislar, 'lo cual abre un gran margen de discrecionalidad y eventual arbitrariedad', acota.
¿Lluvias?
Aunque el diputado Carlos Escarrá, como vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dejado entrever que la habilitante se limitará a tomar medidas para enfrentar la emergencia causada por las lluvias, el presidente Chávez ha anunciado que su intención es legislar sobre materias sociales, económicas y financieras, sin precisar mayores detalles.
Rafael Chavero comienza por señalar: 'La crisis por las lluvias es una excusa irresponsable y demagógica, pues los problemas de vivienda y servicios públicos que emergieron no se solucionan con leyes sino con políticas públicas coherentes y sostenidas'.
El profesor universitario explica que es la Asamblea Nacional y no el Presidente de la República la que debe dictar las pautas de la habilitación al jefe del Estado. 'Pero aquí suele suceder al revés', dijo al referirse a la sumisión del Legislativo al Ejecutivo
A diferencia de Combellas, Chavero opina que la extensión de la vigencia de la habilitante más allá de la actual legislatura sí tiene cabida en la Constitución, habida cuenta de que la carta magna no establece límites temporales.
'Creo que es censurable políticamente, pero no jurídicamente; lo cual no disminuye la gravedad del propósito de anular la incorporación de 65 diputados de oposición a la Asamblea Nacional por decisión soberana de los ciudadanos que votaron el 26 de septiembre pasado', indicó.
Chavero recuerda que la habilitante fue una posibilidad de fraude que había sido advertida antes de los comicios parlamentarios: 'Sería otra burla a la Constitución y al Estado de Derecho, pues queda en evidencia un autoritarismo que deslegitima al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional'.
Socialismo, razón de Estado
La ineficacia de la Constitución y la violación de los derechos humanos fueron denunciadas por 17 profesores de Derecho Público a través de un comunicado.
'En Venezuela, el socialismo del siglo XXI se presenta como una razón de Estado absoluto que permite al Presidente de la República actuar sin limitaciones jurídicas ciertas y efectivas', se indica en el documento.
Los docentes enunciaron una larga lista de preocupaciones: 'Las muertes violentas que ocurren a diario, los secuestros, el lenguaje excluyente utilizado por el Presidente de la República contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular, la ausencia de un trabajo digno para todos, la falta de una vivienda adecuada, las expropiaciones y despojos a las propiedades, los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias, los juicios penales contra manifestantes, sindicalistas, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre de medios de comunicación; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor'.
Ciudadanos ciegos, sordos y mudos
Así se verán afectados los ciudadanos si la Asamblea aprueba la reforma de la Ley Resorte (LR) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LT): -No se podrán ver imágenes ni escuchar descripciones en vivo de sucesos violentos que ocurran de 06:00 am a 11:59 pm (Art. 7 de la LR). Si una protesta es repelida por la fuerza por la policía a las 11:00 am, las imágenes no podrán ser transmitidas en vivo. -Al declarar de servicio público las redes de telecomunicación y reservar al Estado la radio y televisión abierta y comunitaria (Art. 5 de la LT), los usuarios podrían ver sus radios y televisoras favoritas pasar a manos del Estado en cualquier momento por decisión del Ejecutivo. -Expresiones como 'medios electrónicos', 'buenas costumbres' y 'fomentar zozobra', no definidas en el ordenamiento legal vigente, podrían generar discrecionalidad.
Silencio en la radio
-Al prohibir los circuitos radiales (Art. 190 LT) los habitantes de zonas apartadas sólo podrán enterarse de las informaciones que ocurran en su localidad pero no de lo que pasa en el resto del país.
-Sin circuitos radiales tampoco podrían escucharse en pueblos alejados los temas de nuevos grupos musicales, entrevistas con artistas de difícil acceso o conciertos transmitidos en vivo a todo el país.
-La transmisión del Mundial de Fútbol o de la Liga de Beisbol Profesional también desaparecería. El pago de los derechos de transmisión de estos eventos es muy alto para ser costeado por una sola radio.
-Podrían clausurar cientos de pequeñas emisoras del interior que viven de la venta de publicidad por la retransmisión de programas emitidos por estaciones más grandes, tal como ocurrió en 2009 con las emisoras del grupo CNB.
-El Estado podría revocar 400 concesiones radiales que esperan por su renovación desde 2002. La ley declara extintos los títulos no renovados y exige la presencia física de sus accionistas para solicitar la renovación. (Art. 219 LT).
Pantallas en negro
-El artículo 219 de la Ley de Telecomunicaciones exige la presencia física de los titulares de las concesiones para solicitar la renovación. En el caso de Globovisión, cuyos dueños se encuentran fuera del país y amenazados de cárcel, si regresan, les sería imposible ponerse a derecho.
-Las cableoperadoras no podrán transmitir la señal de televisoras y radios en zonas distintas a las autorizadas en sus contratos (Art. 207 de la LT). Por ejemplo Intercable tendría que restringir la señal de Globovisión a Caracas y Valencia.
-El mismo artículo obligaría a las operadoras satelitales como Directv o Movistar a cortar la señal de Globovisión en todo el país porque ellas no pueden filtrar la señal para unas zonas determinadas.
-Todas las televisoras nacionales (Televen, Venevisión, Canal I, Vale TV, etc.), sin importar que sus concesiones estén vigentes, tendrán que someterse al proceso de renovación de concesiones (Art. 223 de la LT) lo cual podría significar que algunas sean revocadas, si el Ejecutivo considera que no cumplen con los extremos de la ley.
Internet vigilado
-Al igual que en China, Cuba, Siria, Irán y Rusia, los venezolanos tendrán su propio 'escudo de oro' gracias a la creación de un punto único de acceso a Internet administrado por el Estado (Art. 212 de la LT).
-Los cibernautas no podrán entrar a cualquiera de las miles de millones de páginas y contenidos disponibles en la web, sino a los que el Estado considere apropiados para el desarrollo integral de las personas (Art. 1 y 8 de la LR).
-El Gobierno podrá verificar que ciertos contenidos prohibidos para radio y televisión, como las cuñas de Cedice sobre la propiedad privada, no sean vistas tampoco en la red (Art. 8 de la LR).
-6 millones de venezolanos usuarios de Facebook y 9 millones de venezolanos usuarios de Internet podrían estar bajo observación y su proveedor de Internet ser sancionado si 'difunden mensajes secretos o privados utilizando códigos de signos convenidos' (Art. 28 numeral 4v de la LR).
-Ambas leyes darían sustento legal a las actuaciones judiciales contra tuiteros, blogueros, foristas que emitan mensajes que 'fomenten zozobra'. REGRESAR |
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