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Gustavo Hernández Díaz es un destacado investigador de las telecomunicaciones en Venezuela. Ha hecho su carrera en la Universidad Central de Venezuela, de la cual es profesor titular. Entre 1997 y 2005, dirigió la revista Extramuros de la Facultad de Humanidades y Educación.
En 2008, fundó la Gerencia de Radiotelevisión y Multimedia, cuyo fin es funcionar como una plataforma de servicio público para la audiencia universitaria que 'sirva de ejemplo para el país', según sus palabras.
Desde hace cinco años es director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el cual funciona, desde abril de 1974, como un observatorio de los medios en Venezuela y un centro de encuentro para profesionales del periodismo, la sociología, etcétera.
En esta entrevista, Hernández Díaz se detiene en la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que fue aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada y que impondrá controles sobre Internet y la televisión por suscripción. Además, hace un breve análisis de los servicios público y privado de radiotelevisión que se ofrecen en el país.
La Ley Resorte permitirá al Estado regular el ejercicio de los proveedores de Internet, ¿qué significa eso? Significa que el Gobierno está radicalizando el régimen autoritario en Venezuela. Esta Ley Resorte cercena las comunicaciones libres y plurales en Internet. Es el fin de las redes sociales alojadas en páginas web, Facebook y blogs. Es el fin de las denuncias oportunas y de las voces disidentes que quieran advertir sobre hechos de corrupción. La radio, la televisión y los formatos multimedia alojados en la red quedan sujetos al control gubernamental. La ley obliga a los proveedores de servicios en Internet a transmitir mensajes del Estado, es decir, del PSUV y alocuciones presidenciales. Internet ya no será un espacio local y global para el debate democrático sino para la propaganda oficialista.
El reglamento prohíbe los mensajes que puedan 'constituir manipulaciones mediáticas'. ¿Qué se debe entender por 'manipulaciones mediáticas'? Desde la óptica del Gobierno, por manipulación mediática se entiende aquella programación de radio y televisión que presente contenidos informativos, entiéndase noticieros, reportajes, noticias, micros denunciativos, espacios de opinión que critiquen la gestión. Esta Ley Resorte y la Ley de Telecomunicaciones toman como pretexto la salud psicosocial de niños y adolescentes para anular la libertad de expresión en los escasos circuitos de radio y de televisión privados que existen en el país.
Manipulación en este contexto es sinónimo de disidencia democrática y esto no lo puede soportar o convalidar el Gobierno. También la Ley Resorte prohíbe a la radiotelevisión y medios electrónicos difundir contenidos que puedan ser considerados propaganda de guerra, que ofendan a las autoridades que representan a los poderes públicos, que puedan inducir al magnicidio o que puedan alterar el orden público. A todas luces se está criminalizando la opinión de periodistas y ciudadanos y provocando la censura y la autocensura en los medios masivos e Internet.
La ley propone controles sobre la suscripción por cable, ¿cree que eran necesarios? Recordemos que el Gobierno cerró RCTV Internacional porque le incomodaban los programas de opinión y los noticieros que se transmitían por este canal. Recordemos también que el Gobierno se hizo del 20% de las acciones de Globovisión, que tiene salida internacional. Esto restringirá aún más la libre expresión. El objetivo es que la comunicación política gubernamental se expanda como metástasis a todos los sistemas de comunicación masiva, incluyendo Internet. La Ley Resorte modifica los horarios de difusión de mensajes para limitar los programas informativos y telenovelas. En el caso de la televisión por suscripción no es necesario este control porque el usuario está pagando para ver sus programas preferidos. ¿Por qué han emigrado los usuarios de la televisión convencional hacia la televisión por cable? ¿Los televidentes soportan las constantes interrupciones gubernamentales y cadenas presidenciales? ¿Acaso no se le debe aplicar la Ley Resorte vigente al Presidente por las opiniones groseras y vilipendiosas, por incitar al odio contra los ciudadanos que se atreven a disentirle? La reforma de la Ley Resorte dejó intacta a la televisión pública, ¿hacen falta regulaciones en esa materia? No existe televisión pública en Venezuela, lo que existe es el circuito de televisoras del PSUV. Es imposible que con el actual régimen cristalice la televisión pública, porque para ello sería necesario democratizar las comunicaciones, que las televisoras como Venezolana de Televisión y TVES no sean gubernamentales, que acepten la diversidad de opiniones y el libre flujo de información en su programación, que se eliminen programas tóxicos como La Hojilla. El Gobierno detesta la televisión pública porque ésta supone la integración de la sociedad civil organizada en el debate democrático. El Gobierno monopoliza las comunicaciones y el control absoluto de la información. Es la hora menguada de la democracia en Venezuela.
Para aclarar, ¿cuál es la diferencia entre televisión pública y televisión gubernamental? El Estado tiene la responsabilidad de crear políticas públicas para el bienestar social, es el responsable de ocuparse de las demandas de la sociedad: la salud, la vivienda, la seguridad social, etcétera, sin distinción de credos partidistas.
Cuando hablamos de televisión pública nos referimos a la que se ajusta al marco jurídico que se deriva de la carta magna, aquella que no responde a los intereses de ningún partido político. La gubernamental es la que sí lo hace. Un servicio de radio y televisión que se precie de ser llamado 'público' tiene que defender a ultranza la libertad de expresión, la pluralidad de ideas, el acceso a la información y la diversidad cultural. Sin estos requisitos, la democracia comunicacional está golpeada, porque el punto de vista gubernamental no acepta voces diferentes que opinen sobre los problemas del país.
¿Qué hay de las televisores privadas? ¿Cree que, en ciertos aspectos, su funcionamiento requiere de una revisión? En lo que respecta al género de entretenimiento, la televisión privada ha decaído profunda y extensamente. Se ha desaprovechado la creatividad de directores, guionistas y productores. La programación televisiva está colmada de enlatados. A esto se suma la crisis económica de la mayoría de los canales privados, que obstaculiza la producción de programas nacionales destinados a niños y adolescentes. No existen programas culturales, científicos ni educativos en los canales de cobertura nacional, salvo los de Vale TV.
¿Cree que cierren Globovisión? No soy futurólogo, pero ya cerraron RCTV de manera inconstitucional. El Presidente de la República pasó por encima del Estado de Derecho y el marco jurídico que existe en Venezuela en materia de comunicación. No quisiera pensar que vaya a tomar esa decisión. Cerrar Globovisión sería el comienzo de la hegemonía gubernamental en el país. Todo cambio de modelo comunicacional genera cambio de creencias y opiniones.
Si esos cambios pervierten la comunicación y la información, se genera zozobra en la sociedad. Sin comunicación democrática, no se pueden tomar decisiones públicas. 26 millones de personas sólo podrán escuchar una voz. Todo canal, público o privado, es susceptible de verse sometido a correcciones, pero en esas correcciones debe participar la sociedad civil organizada, en democracia. El Estado venezolano tiene que respetar la Constitución nacional. Ya basta de la tensión diaria que ha creado este clima turbulento que no nos conviene. La incertidumbre constante impide construir un proyecto de país mancomunado. Quienes apoyan al Presidente y quienes no lo apoyan tienen que entender esto. Mi mensaje para el Gobierno: es vital incluir a todos los venezolanos para que puedan participar genuinamente en los asuntos públicos, tal como lo establece el artículo 211 de la carta magna, no en función de ideales políticos doctrinarios. REGRESAR |
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