Voceros de unas treinta organizaciones defensoras de los DDHH, afiliados a la red Sinergia y Foro por la Vida, formularon ayer un llamamiento firme pero sereno a todos los venezolanos para que se activen en defensa de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales, que se ven vulnerados por la amplísima habilitación legislativa que la Asamblea Nacional otorgó al Presidente Hugo Chávez.
"Es un momento para Venezuela de responsabilidad democrática, para el Estado, para los sectores de la oposición, pero también para la sociedad civil. Tenemos que abogar porque los espacios democráticos se mantengan y porque las garantías puedan pervivir", dijo Liliana Ortega (Cofavic).
En rueda de prensa asumieron la vocería, además, Jesús María Casal (UCAB), Carlos Ayala Corao, Pedro Nikken, Feliciano Reyna (Sinergia) y Raúl Herrera s.j (Centro para la Paz y los DDHH-UCV).
Ortega también rechazó en nombre del colectivo la agresión física sufrida por Carlos Correa (Espacio Público) en los alrededores de la AN y dijo que esos hechos están "íntimamente ligados a la campaña feroz de criminalización que con total aquiescencia del Estado se ha transmitido por los canales estatales y que tratan de criminalizar las acciones de ONG y defensores de DDHH como nunca había ocurrido".
Los académicos Casal y Ayala explicaron los detalles jurídicos. Dijeron que la emergencia humanitaria provocada por las lluvias no requiere de una facultad ilimitada como la Habilitante, sino sólo desarrollar políticas públicas para las que el ordenamiento legal vigente no representa impedimento.
"Sólo a título excepcional pudiera aceptarse que se produjera una habilitación legislativa, pero sujeta a parámetros, límites y controles que no están presentes en esta Ley Habilitante. (...) Va más allá de la emergencia cuando se regulan temas como la carrera militar, la seguridad ciudadana, los sistemas de identificación ciudadana, el control migratorio, la materia de telecomunicaciones. Sólo invocó como pretexto la emergencia", insistió.
Ayala dijo que si se suman los tiempos en los que el Presidente Chávez ha estado habilitado legislativamente desde 1999 "suman 54 meses, son 4 años y medio de leyes habilitantes". Afirmó que se viola la Convención Interamericana de DDHH y se desconoce la opinión de la Corte IDH de 1986 que dice que una ley debe emanar de "poderes legislativos electos popularmente y siguiendo el procedimiento". Recalcó que la AN habilitó a Chávez para legislar en materia de delitos y penas privativas de libertad, lo que viola el Artículo 49 de la Constitución y el Artículo 9 de la Convención Interamericana
Feliciano Reyna recordó que la tarea de los diputados a la AN no es un privilegio sino una responsabilidad. "Estas leyes no reconocen que hace apenas tres meses, 11 millones de personas les dieron ese privilegio de estar allí. Eso los coloca al margen de la Constitución (...) Los hacemos responsables de lo que pueda suceder con los defensores de DDHH".
Pedro Nikken, ex presidente de la Corte IDH, fue el único que se salió del tono reposado de sus colegas. Aunque dijo suscribir las opiniones técnicas, afirmó que "el meollo es que nos estamos debatiendo entre ser una sociedad libre y ser una sociedad aplastada".
"Si esta sociedad no se levanta en este momento nos van a aplastar a todos (...) La única respuesta la puede dar el pueblo democrático de Venezuela, que defienda su derecho (...) Si nos paraliza el miedo vamos a estar hundidos, quien sabe si por más de una generación. Allá la responsabilidad de quienes quieran agredir, quienes quieran matar, quienes quieran derramar sangre (...) Pacíficamente la sociedad debería levantarse".
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