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El Gobierno del presidente Hugo Chávez, ha intervenido un total de 3 millones de hectáreas de tierras, lo que representa el 10% de los terrenos con potencial productivo del país, afirmó este lunes el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo.
El ministro explicó que en Venezuela existen "450.000 pequeñas, medianas y grandes fincas" que suman "cerca de 30 millones de hectáreas" con vocación agrícola, pecuaria y forestal.
"De esta cantidad, el Estado ha recuperado 3 millones, lo que representa el 10%. Esto significa que la mayoría de las tierras están en manos de productores y campesinos" privados, declaró Loyo.
El ministro precisó la cifra de tierras intervenidas por el Gobierno revolucionario liderado por Chávez desde 1999, para rebatir la afirmación opositora de que el Estado venezolano es el gran latifundista del país, según la agencia estatal de información.
Loyo aseveró que el 72% de los terrenos expropiados están manos de campesinos y se encuentran plenamente productivos, y que su rendimiento crecerá un 19% (ganadería) y un 30% (vegetales) en los próximos años.
Chávez declaró en 2004 la guerra al latifundio y desde entonces ha expropiado tierras por estar improductivos, subutilizadas o con títulos de propiedad dudosos, con la promesa de entregarlos a campesinos pobres para que las trabajen.
Gremios empresariales y la oposición política rechazan las expropiaciones por considerarlas ilegales.
También critican la política agrícola del Gobierno, que califican de destructiva, con el argumento de que la alimentación de los venezolanos depende en más de un 60% de las importaciones.
Un estudio privado divulgado en mayo pasado por la prensa local señaló que entre 2005 y 2009 el Gobierno venezolano ejecutó 762 expropiaciones en zonas rurales y urbanas del país.
Según el informe, elaborado por el Observatorio del Derecho de Propiedad, promovido por la Asociación Civil Liderazgo y Visión, la mayoría de esas tomas forzosas se realizaron "por vía de hecho", con la "presencia activa o pasiva de la Fuerza Armada, en una actuación estatal violenta, sin base jurídica e injustificada".
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