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Aparte de las industrias, ahora son los estacionamientos, talleres, viviendas, bingos y galpones las estructuras que el Gobierno ocupa con el propósito de construir inmuebles para los damnificados.
El Ejecutivo toma a la fuerza los espacios mediante el uso de las fuerzas militares y gubernamentales para ayudar a los perjudicados que lo perdieron todo durante la caída de fuertes precipitaciones que azotaron el país a finales del año pasado. No obstante, la 'intención solidaria' del Estado ha traído problemas en diversos sectores de la sociedad, sobre todo en el caso de los establecimientos de entretenimiento porque surgen desempleos.
Alfredo Padilla, representante del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar (Modepaf), señaló que las decisiones del Gobierno orientadas a la lucha contra el juego ilegal, prostitución, la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, a veces afectan a muchas personas que trabajan a diario. En referencia al cierre de Bingo Premier, ubicado en Los Ruíces y donde 1.000 puestos de trabajo están en riesgo, comentó que en cualquier país del mundo existe la industria del entretenimiento a la que va gente mayor de edad a consumir y se activa el sector turístico. 'Esto es un abuso frente al cual protestamos. En principio todo el que trabaja en una institución de este tipo es un ciudadano respetable'. Agregó que el Gobierno está haciendo una 'demagogia' con la toma de inmuebles.
PROYECTO PERSONAL Gerardo Poveda, miembro del Modepaf, aseguró que la intención del Ejecutivo es aprovechar las consecuencias negativas de las lluvias para avanzar en su proyecto totalitario usando las necesidades de los damnificados.
'Valiéndose de una catástrofe, el Estado ha invadido residencias privadas, estacionamientos y galpones. Esto que ocurre es trasladar al medio urbano lo que ha venido trascurriendo en el campo venezolano desde hace muchos años'. Expresó que la actual administración violenta el artículo 115 de la Constitución que establece la justa indemnización y dijo que la política del Ejecutivo es ir en contra de los propietarios de estructuras.
'Ante estas amenazas lo recomendable es organizarse, defender los derechos, acudir a todos los medios legales para protestar y contrarrestar las fuerzas del presidente de la República en los tribunales y en todos los organismos que están diseñados para ello, como es el caso de los entes internacionales', precisó Poveda. CARACAS EN EL OJO DEL HURACÁN
Recientemente, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) se pronunció en contra de las acciones del Estado: 'Apiur se opone a la nueva arremetida del Gobierno Nacional contra la propiedad privada urbana, especialmente en la ciudad de Caracas. Se ha procedido a la ocupación armada de terrenos, galpones y estacionamientos realizada antes de la publicación del decreto de expropiación por parte de las milicias'. El gremio denunció que 19 parcelas de terrenos donde funcionan estacionamientos fueron asumidos por el Ejecutivo sin una declaratoria de utilidad pública. A juicio de la asociación, hubo desalojos de vehículos, trabajadores y familias cuidadoras de los parqueaderos. 'Solicitamos el pago del 95% de las expropiaciones de inmuebles urbanos que se han decretado en los últimos cinco años por parte del Gobierno'..De igual forma, el organismo acotó que no niegan que el Estado pudiera requerir cualquier bien para el beneficio colectivo, sin embargo, exhortó al Ejecutivo a pagar previamente las indemnizaciones previstas en las leyes, previa decreto de utilidad pública. REGRESAR |
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